Con la receta del populismo

El bono de fin de año para los asalariados, receta del más genuino populismo, un modelo que Mauricio Macri criticó con denuedo y prometió erradicar, ya está en marcha, pero no todos lo gozarán. El beneficio, que pone en serios aprietos a los empresarios del sector privado, llegará solamente a una parte de la gran masa de trabajadores, la mayoría se quedará fuera de la asignación extraordinaria, sea porque se desempeñan en la informalidad, porque son monotributistas o porque directamente no están contemplados en el decreto reglamentario. Como sea, la medida oficial que apunta a convertirse en un alivio económico para las familias ante la crisis, desnuda el complejo cuadro del mercado laboral en la Argentina que hoy tiene casi igual número de trabajadores en negros y blanqueados, y además aquellos que están formalizados cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.

Por donde se mire el escenario es crítico. Hace agua, a propósito de la “tormenta”, metáfora a la que apeló el Presidente de la Nación en varias ocasiones para referirse a la crisis en la que sumergió al país. Como ya fue dicho en esta columna, el bono de $5.000 es un paliativo, no resolverá los problemas de fondo, pero servirá de ayuda en un período sensible: las fiestas de fin de año. De esta manera Macri aplaca el reclamo -siempre díscolo- de la CGT, desactiva el mal humor social, al menos en parte y temporalmente, e inaugura la tarea proselitista con vista a la campaña por la reelección. El bono no es en sí mismo el instrumento de seducción -no lo puede ser ante el fenomenal apremio que sufren las familias-, pero sí es una acción preventiva pues busca que no haya focos de insubordinación social en medio de la Navidad y la llegada del 2019, en el inicio del año electoral, en las que Cambiemos se jugará su continuidad en el poder. La bisagra tiene que estar aceitada. Sin embargo, con esta maniobra, el macrismo descarga la responsabilidad en el sector empresario (y productivo) que tendrá que hacer frente al pago de la asignación en un momento de bajísima actividad por la recesión; además pone en incómoda posición a los gobiernos provinciales y municipales que si bien quedaron expresamente excluidos en el decreto seguramente recibirán demandas de los estatales en sus respectivas jurisdicciones. Lo que agrava la situación (para el empresariado) es la condición de “obligatoria” que tiene la medida. Se estableció que se abone en dos veces (50% con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre, y el 50% restante con los salarios de enero de 2019, pagaderos en febrero) y hasta podrían ser más cuotas, pero de todos modos es una exigencia que afectará seriamente la contabilidad de las empresas, especialmente de las Pymes. Y como contrapartida no moverá la aguja de los ingresos de los trabajadores y en particular la recuperación del poder adquisitivo, que es sobre lo que hay que trabajar fuertemente y de manera urgente. Para lograr esto último se necesitan medidas estructurales y no placebos que remedan los artilugios del populismo que tanto se criticaba. Para colmo, el esquema artificioso apenas llegará a la mitad de los trabajadores. Un estudio de la consultora Ferreres & Asociados indica que la mayoría de los asalariados no quedarán comprendidos en el pago del bono compensatorio impulsado por el Gobierno o bien por algún adelanto a cuenta de las negociaciones paritarias. Según el estudio (que lleva la firma del economista Fausto Spotorno) hay 6,5 millones de asalariados que recibirán el beneficio “sin problema“, pero 10,6 millones tendrán dificultades para percibirlo o directamente no lo recibirán.s