Redefinir el servicio de transporte

Luego de seis días se levantó el paro en el transporte público de pasajeros y de no mediar contratiempos a partir de hoy el servicio de colectivos en la ciudad de Corrientes tendría que prestarse con la regularidad acostumbrada. El entendimiento que puso fin a este tortuoso capítulo se logró con el concurso de todas las partes involucradas, cada sector hizo -finalmente- lo que correspondía para superar este conflicto y retomar la actividad plena, garantizando el servicio a los usuarios que fueron abandonados durante estos días, injustamente sancionados por una confrontación que llegó muy lejos producto de la cerrazón, la negligencia, la tacañería y el hartazgo a distintas formas de codicia. Durante las 144 horas que se prolongó el conflicto, desde el jueves pasado hasta ayer, se volvió patente el hecho de que la rutina de transportar personas es un negocio (que puede ser muy lucrativo) puesto en manos de privados, pero no por eso deja de ser un servicio público esencial que reclama de la atención permanente y el control exhaustivo de las autoridades.

Resultaría saludable que la Municipalidad, entre otros estamentos del ámbito de la ciudad o la provincia, tomara nota de lo que acaba de suceder para evitar repetir la experiencia. Es verdad que se ha superado el conflicto, o al menos eso parece, pero el problema está lejos todavía de una solución efectiva. Ahora el gran desafío que tienen todos los actores del transporte público es dejar atrás la crispación, recuperar la calma y aprovechar el envión para establecer canales de diálogo que sean constructivos, no corporativos ni conspirativos. Corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal propiciar esta acción, y por su naturaleza debería ser el Concejo Deliberante el ámbito de convergencia para cualquier debate, del que no debe estar ajeno el usuario que es el único sector que no tiene voz. Es verdad que los concejales representan a la ciudadanía, sin embargo hay muestras de sobra que esa delegación de función no siempre se traduce en fidelidad a los intereses de la gente, la mayoría de las veces están en sintonía a cuestiones políticas, ajenas a la necesidad de la población. La prueba palmaria es que los correntinos pasaron seis días sin colectivo y el Concejo Deliberante no se dio por enterado, ninguna de las bancadas del cuerpo (ni oficialismo ni oposición) se ocupó del tema. Ayer, mientras se desanudaba el conflicto, asomó un pedido para una reunión urgente del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu). ¿Reacción tardía o especulación coyuntural? El jueves, el día que los choferes autoconvocados de Ersa comenzaban la huelga por su reclamo salarial, el Concejo Deliberante dio su primera aprobación (en el sistema de doble lectura) al proyecto para aumentar el precio del boleto. Después de eso los ediles se entregaron al fin de semana extra largo. No aparecieron. Del mismo modo no hubo ningún otro estamento oficial ni de la sociedad civil que saliera en favor de la gente. ¿Y las Defensorías? Hace un par de semanas, en oportunidad de la retención de servicios en horario nocturno, en esta columna se advirtió que los usuarios del transporte público estaban desprotegidos. El penoso tratamiento sufrido en la última semana certificó esa afirmación. Así como la dirigencia de la UTA quedó seriamente deslegitimada en este proceso, también otras representaciones han terminado deshilachadas, sea por ineptitud o por indolencia. “Tenemos que reconstruir una relación que lamentablemente está dañada”, dijo ayer a una radio local, el secretario general de UTA, Rubén Suárez. Fue lo más atinado que se escuchó, otros deberían seguir el ejemplo. Es indispensable para redefinir un servicio que, esencialmente, no tiene que dejar a los correntinos a pie.s