Santo Tomé. La Justicia intervendría por falta de rendición de cuentas
El Concejo dio tres plazos al intendente santotomeño para que documente los gastos desde mayo hasta agosto. Ediles dicen que no obedeció.
Venció el tercer plazo impuesto al Ejecutivo de Santo Tomé para rendir ante el Concejo Deliberante los gastos del erario público durante el segundo cuatrimestre. Desde el Concejo local aseguran que el intendente de la ciudad, Mariano Garay (PJ), no habría mandado los balances comunales desde mayo hasta agosto al Legislativo comunal, cuya última intimación para dicho envío venció el 16 del corriente. Ante la violación de la normativa, en el cuerpo se presentaron dos proyectos, uno para reclamar nuevamente la presentación de los documentos en 48 horas y el segundo para remarcar que es responsabilidad del Ejecutivo practicar un balance cuatrimestral y otro de comprobación de saldo y publicarlo en el Boletín Oficial Municipal, para rendir cuentas de su gestión, so pena de apercibimiento legal. En referencia al plazo vencido, el concejal Eduardo Etchegaray dijo a NORTE de Corrientes: No se presentaron los balances y tampoco tuve consenso de los concejales para mandar el pedido a la Fiscalía con el objeto de que analicen si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de Garay, ya sea porque no cumplió con los preceptos de la Carta Orgánica y/o con el proyecto de comunicación. Estoy estudiando si voy a tener que presentarme personalmente ante la Fiscalía de Instrucción para que investiguen si existe realmente un incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte del intendente. Presenté el proyecto pero no conseguí dictamen por falta de firmas, por lo tanto me obligan a que me presente de manera personal ante la Justicia. La última solicitud para que Garay remita la información sobre lo gastado en el Municipio, advertía al jefe comunal que la desobediencia sería remitida al Tribunal de Cuentas de Corrientes y a la Fiscalía de Instrucción de Santo Tomé, a efectos de determinar si la conducta del funcionario fuera pasible de reproche administrativo o penal. s