Causa publicidad: Periodistas testigos hablaron de la “tercerización” de la pauta

Tres personalidades del periodismo vernáculo declararon ayer a la mañana en el juicio al ex gobernador Arturo Alejandro Colombi (2005/09) por la denominada Causa Publicidad.

En orden de comparencia, declararon ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1): Daniel Solmoirago, Sergio Guerzovich y Cristina Vicentín. Los tres hablaron del negocio de la pauta oficial, pero solo Solmoirago y Vicentín refirieron al presunto vínculo entre la gestión arturista y la Agencia Corrientes del extinto Hernán González Moreno.

Ambos dijeron que entre 2008 y 2009 la empresa periodística manejó la propaganda de gobierno. “Agencia Corrientes era la Télam correntina, se encargaba del control y la distribución de la pauta, pero la que pagaba era Información Pública”, declaró Solmoirago, dueño del diario local 1588.

El testigo relató que un político y empresario (que figura en la causa: fue imputado y luego sobreseído), inició a González Moreno en la administración y gestión de medios y que este último luego le ratificó esa afirmación. Pero aclaró: “Nunca supe la ganancia o el porcentaje que cobraban por ese servicio, porque gratis no lo hicieron: no era una fundación”.

González Moreno apareció muerto con tiro en la cabeza en octubre de 2009, tres días antes del balotaje entre Arturo Colombi y su primo Ricardo (a quien él había denunciando por supuesto enriquecimiento ilícito).

“El Estado armó la Agencia para manejar el presupuesto publicitario”, afirmó Vicentín a su turno. La periodista dijo que conoció de esta situación “por estar en los medios”. “Es la tercerización de la publicidad: el Estado terceriza en una empresa para hacer más eficiente la difusión de publicidad”.

La “tercerización” es uno de los nodos de la acusación de la fiscalía, que en el requerimiento de elevación a juicio sostuvo que “la Agencia manejó la información relacionada con el Gobierno provincial al punto que era la que hacía los pagos de pauta publicitaria y facturó al Estado provincial en 2008: $1.207.999,68 y en 2009 $1.700.652,80”.

Según Solmoirago, la informalidad del negocio es anterior al período investigado y continúa en la actualidad pero la irrupción de Agencia Corrientes supuso un “incremento exorbitante del volumen de publicidad y lo transformó en noticia”, motivando una serie de publicaciones en su medio. “González Moreno me ofreció $30.000 para que deje de molestar”, dijo. Además, admitió que entre 2010 y 2015 cobró pauta del gobierno de Ricardo Colombi.

Los testigos coincidieron en que el Estado fija el precio, que el servicio es mensual y que primero se publicita y luego cobra. Guerzovich se definió como un “damnificado” porque algunos servicios de publicidad, por un monto que no recordó, quedó adeudado. Vicentín, su esposa, contó que por esa situación tuvo un cuadro depresivo.

 

Era la Télam correntina se encargaba del control y la distribución, pero la que pagaba la pauta era Información Pública.
DANIEL SOLMOIRAGO, PERIODISTA.
Soy un damni­ficado: me que­daron debiendo plata de los ser­vicios de publi­cidad e hice los reclamos
SERGIO GUERZOVICH.
El Estado armó la Agencia (...) terceri­za en una empresa para hacer eficiente la difusión de pu­blicidad.

 

“La distribución de pauta es una gran far­sa”, dijo Daniel Eduar­do Solmoirago ante el TOP1. El testigo afirmó que los medios perio­dísticos locales tiene una dependencia eco­nómica con el Estado provincial. “Es la nece­sidad de subsistencia”, manifestó y desarrolló las razones por la que -según él- “no hay con­trol” sobre la publici­dad.
Solmoirago sostuvo que los diarios impre­sos pueden acreditar la prestación del servicio mediante un ejemplar de la edición en que fue publicada empero “no hay una relación entre el volumen de la publi­cidad y el pago que reci­ben”. Mencionó el caso de un matutino sen­sacionalista que -ase­guró- cobra $400.000 y “el centimetraje no le da”. “En la radio la certificación la hace el medio pero cómo sabe­mos si pasaron las veces que tiene que pasar. Lo mismo en televisión”, detalló.
Según el testigo, los montos más elevados “lo definen los dueños de los medios, que la mayoría son o fueron políticos, con la cúpula del gobierno” mientras que los pequeños deben andar “pasilleando”.
El testigo afirmó que no hay una ley especí­fica que regule la pauta, pero sí una norma (la ley de Administración Financiera) que estipu­la los límites de la con­tratación directa. Ese es el punto clave para dirimir si existió o no delito.s