Todavía hay anticuerpos

Como colofón de tanta desazón colectiva producto del impiadoso temporal que provocó otra vez un anegamiento en la ciudad de Corrientes, el martes último afloró una señal esperanzadora, es apenas un gesto, pero alcanza para recomponer -al menos en parte- el optimismo y seguir confiando en que es posible superar las vicisitudes, revertir negligencias, subsanar errores no forzados, y sobre todo desactivar la indolencia que es la enfermedad que ha infectado la estructura del Estado y la sociedad. Esa acción iluminadora surgió desde el seno del Poder Judicial y por reacción natural, lo que lo vuelve doblemente valiosa. Sucede que un fiscal del fuero Correccional decidió -de oficio- emprender la búsqueda de un botarate que en medio del aguacero se montó a su camioneta y se dedicó a circular por las calles inundadas a toda velocidad, mojando a la gente que era sorprendida sin posibilidades de resguardo. Una broma de mal gusto que para colmo devino en un juego riesgoso, que está tipificado en el Código Penal.

El tipo, que es todo un zopenco, se grabó con un celular y luego ventiló su picardía en las redes sociales. En la filmación se advierte la premeditación y alevosía de su accionar. El audio que acompaña las imágenes permite escuchar comentarios burlones hacia las desprevenidas víctimas que terminaban empapadas. Es decir, un estúpido que claramente, además de las sanciones, necesita terapia. Según parece ya fue identificado y es cuestión de horas que termine compareciendo ante la Justicia Correccional. Es de esperar que reciba un condigno castigo por su desaprensivo comportamiento. Que el largo brazo de la impunidad no termine borrando el significativo compromiso que asumió un funcionario judicial, el fiscal correccional de esta Capital, Pablo Sosa, quien inició las actuaciones de oficio luego de informarse de lo sucedido a través del video que se viralizó en las redes sociales. Con la colaboración de la División de Delitos Complejos de la Policía provincial, se inició la pesquisa para dar con el paradero del sujeto, que sería un comerciante y tendría entre 30 y 35 años.

El fiscal explicó que el hecho que protagonizó este conductor encuadra en el Artículo 196 del Código Penal y que refiere a un delito culposo causado por negligencia o imprudencia que pone en peligro la integridad física de las personas. Prevé “prisión de seis meses a tres años al que por imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio y otro accidente”. Si prospera la causa y es condenado, la prisión se puede suplir por trabajo comunitario. Desde la Fiscalía del fuero Correccional recomendaron a las personas que resultaron damnificadas que concurran a la dependencia, ubicada en Buenos Aires 428 de esta ciudad a exponer su caso. El doctor Sosa señaló, en declaraciones a la prensa, que iniciaron la investigación de oficio porque no hubo una denuncia formal. “Consideramos que estamos ante un hecho ilícito”, dijo el funcionario. Este detalle es lo que le da mayor valor a la actuación judicial.

En los tribunales, y especialmente en el Ministerio Público Fiscal, no acostumbran a tanta osadía, salvo que haya algún interés puntual. Más aún, no hay registros frescos de una actuación de oficio de la Justicia Correccional en un episodio que bien podría pasar inadvertido -como otros tantos- sin que haya un atisbo de apremio para el contraventor. Por eso la acción fiscal tiene una importancia superlativa, es la señal demostrativa de que todavía hay anticuerpos en los entrepliegues institucionales. Y que es posible acotar y quizás hasta enderezar la estupidez, pero especialmente frenar la negligencia y superar la indolencia en la que está sumergido el Estado y la sociedad que lo nutre. s