Ordenaron incautar un inmueble y dinero para resarcir a víctima de trata

El Tribunal Oral Federal de Corrientes absolvió a Teresa Isabel Batista, única detenida en un allanamiento realizado en 2015 al prostíbulo “El Trébol” que funcionaba en la localidad de Virasoro, donde rescataron a 12 mujeres que eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. En la última jornada de debate oral y público realizado en la ciudad de Corrientes, los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas resolvieron absolver a la imputada al entender que existían indicios que la ubicaban como una víctima de una red de captación y explotación de personas que operaba en el prostíbulo. Para fijar la sentencia los magistrados desestimaron la solicitud del fiscal federal Carlos Adolfo Schaefer, quien había pedido una condena de tres años de prisión. Pero el titular del Ministerio Público había considerado la necesidad de iniciar los trámites para que las víctimas rescatadas del lugar pudieran iniciar acciones judiciales contra los victimarios. Asimismo, solicitó el remate del inmueble donde las mujeres estaban recluidas, para que se distribuyan esos recursos entre las víctimas. El Ministerio Público Fiscal había pedido una pena de tres años debido a que en la investigación se habían detectado “irregularidades” en la fiscalía federal de Paso de los Libres que estaba a cargo de Benito Pont -quien debió renunciar al quedar vinculado a una red de trata de personas- y por el extravío en el juzgado de parte del expediente. El fiscal Carlos Schaefer explicó, tras la finalización del debate, que durante el juicio “se había pedido una pena por debajo del mínimo, de tres años, teniendo en cuenta ciertas circunstancias y consideraciones que atravesó la imputada para llegar a este juicio”. Recordó que “ella misma manifestó en el debate que ha sido también víctima de este tipo de delito anteriormente”. El funcionario agregó: “En la sentencia se ordenó la investigación de quiénes son los verdaderos responsables de este hecho y que nosotros lo describimos y evidenciamos en el debate”. Se refirió así a “las personas que controlan lugares como éstos y, sobre todo, quiénes son los verdaderos propietarios. Eso también se pudo evidenciar al momento de los alegatos”, sostuvo el funcionario. En relación a la situación de las víctimas, el fiscal Schaefer recordó que durante el proceso judicial “se pidió a la Defensoría General de la Nación que intervenga un defensor para las víctimas, pero que también estas personas puedan ser asistidas, debido a que en varias declaraciones muchas de ellas se han quebrado”, agregó. La causa judicial se había iniciado en el año 2012 con una denuncia en la que se daba a conocer la explotación de mujeres -y posiblemente niñas- en el local nocturno ubicado en la avenida San Martín e Islas Malvinas de la ciudad de Virasoro. Luego, con actividades de vigilancia lograron obtener pruebas con las que se pidió al Juzgado de Paso de los Libres -entonces a cargo de Gladis Mabel Borda- que ordene un allanamiento, pero cuando los efectivos llegaron al lugar, un sábado a la madrugada, el local estaba vacío. Luego de esto, “en el Juzgado se había traspapelado la causa por 3 años, razón por la que otros funcionarios están siendo investigados”, dijo Schaefer, y agregó en este contexto que “casualmente el problema de papeleo ocurría con las causas de trata”. La causa se reactivó cuando la jueza subrogante Cristina Pozzer Penzo se hizo cargo de la dependencia judicial y elevó el expediente a juicio oral.s