Citaron a declarar a un magistrado federal y detuvieron a sus secretarios

Cuatro abogados y dos secretarios judiciales fueron apresados ayer y un juez federal fue citado a declarar como supuesto líder de una organización ilícita que ejecutaba excarcelaciones exprés en una dependencia judicial de Corrientes. Las detenciones por las que se hicieron siete allanamientos en las ciudades de Corrientes y de Resistencia se concretaron ayer desde las cinco en el contexto de una investigación llevada adelante por el magistrado porteño Sergio Torres. El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había solicitado las detenciones de Pablo Molina y Federico Grau, ambos secretarios penales del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Corrientes debido a que están sospechados de haber gestionado cobro de dádivas para liberar narcos. En la misma orden, Torres convocó a indagatoria al juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, titular de la magistratura correntina, a quien se pidió que se lo investigue por supuestas liberaciones de narcos a cambio de “coimas”. Los allanamientos se desarrollaron ayer cuando un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina de Santiago del Estero y de Buenos Aires hicieron efectivos los allanamientos solicitados por el magistrado Sergio Torres. Los efectivos, con la colaboración del Escuadrón 48 de Corrientes -al mando de Guillermo García- procedieron a la detención de los abogados Humberto Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza. Los letrados están sospechados de haber supuestamente “negociado” excarcelaciones de sus clientes con los funcionarios involucrados en la causa. En la capital correntina también fue apresado Federico Grau, quien estaba a cargo de una Secretaría Penal del Juzgado Federal. En la ciudad de Resistencia fue apresado Pablo Molina, uno de los hombres de confianza de Soto Dávila, quien estaba a cargo de otras de las secretarías penales. En esta detención colaboraron efectivos del Escuadrón 51 de esa ciudad. Otro de los involucrados en estos hechos es el abogado Omar Serial, quien fue apresado el 14 de marzo de 2017 en el contexto del Operativo Sapucay, por estar sospechado también de ser nexo entre narcos y funcionarios con quienes habría negociado excarcelaciones.

pedidos de investigaciÓn

Los allanamientos y detenciones realizados ayer son por pedido del titular de la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, el fiscal federal porteño, Carlos Stornelli, en forma conjunta con los fiscales federales correntinos Carlos Adolfo Schaefer y Flavio Adrián Ferrini, quienes a mediados de año aportaron elementos “que prueban la existencia de una organización criminal integrada tanto por funcionarios judiciales como por abogados defensores que han garantizado a lo largo del tiempo la impunidad de diversas organizaciones narcocriminales que operaron principalmente desde la ciudad de Itatí”. Para los fiscales estas maniobras se habrían realizado al menos desde el año 2011 a la fecha “como resultado de la intermediación que realizaban determinados letrados de la matrícula correntina con las autoridades judiciales, con la finalidad de obtener el dictado de resoluciones judiciales favorables para sus asistidos, previo acuerdo del pago de determinadas sumas dinerarias”, dice el pedido de investigación de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.