Imputan al juez Soto Dávila una decena de supuestas coimas a narcotraficantes
Está acusado de ser jefe de una organización que cobraba para liberar a sospechosos. Un arrepentido involucró a dos secretarios judiciales.
La Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar) acusó al magistrado titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, de haber supuestamente cobrado al menos una decena de sobornos para mejorar la condición procesal de acusados de narcotráfico o para ordenar su liberación. En estas maniobras ocurridas, según la hipótesis de los fiscales, entre 2010 y 2017, vincularon también a Federico Grau y a Pablo Molina, quienes ejercían como secretarios penales en esa judicatura. Éstos acordaban las supuestas maniobras de cohecho con un grupo de abogados selectos del fuero local. La acusación se realiza tomando como base la declaración de un imputado arrepentido. Pero estos dichos fueron verificados con las resoluciones judiciales emitidas por el magistrado cuestionado y también por cruces de llamadas telefónicas entre los funcionarios judiciales y los abogados que arreglaban las causas en la Justicia. En un párrafo de la declaración del arrepentido, éste aseguró que abonó $100.000 para facilitar la excarcelación de un hombre que había sido detenido cuando transportaba 311 kilogramos de marihuana. De esa suma, $30.000 habrían sido entregados en concepto de coimas. Para que no quede preso R.G. al que le dicen Caballo, le pagué al abogado (Jorge) Vallejos, y detalló: Le di la plata a R.G., él se la dio a Vallejos, pagó en el juzgado y ahí nos aseguramos de que R.G. no quedaría preso. El arreglo funcionó, porque firmaron la libertad, aseguró. Fueron unos $100.000 los que pagué, remarcó. Según la exposición de los fiscales, la dinámica que se ha comprobado en tales actuaciones es idéntica, es decir, la existencia de pagos efectuados por miembros de la estructura criminal investigada a los funcionarios que se desempeñan en la referida judicatura. La presentación fue realizada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12, cuyo titular es el magistrado Sergio Gabriel Torres, quien el martes pasado ordenó la detención de cuatro abogados y dos secretarios judiciales. En el mismo contexto citó al titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes por la supuesta existencia de una asociación ilícita montada, coordinada y encabezada por Soto Dávila, en carácter de jefe.s