Expectativas por derivaciones de indagatoria al juez Soto Dávila

Luego de 22 años en la poltrona de juez federal, mañana Carlos Vicente Soto Dávila conocerá el otro lado del mostrador. Será indagado por su par el juez federal porteño Sergio Torres, que tiene en sus manos la causa derivada del Operativo Sapucay que desnudó las ramificaciones del negocio del narcotráfico en la provincia de Corrientes. El jueves pasado, el magistrado correntino ya tuvo un adelanto de la experiencia, pero pidió un aplazamiento de la presentación para mañana. En los Tribunales de Comodoro Py (en el barrio porteño de Retiro) esperan que no le surjan nuevos contratiempos a Soto, su declaración es muy esperada porque podría darle a la investigación un impulso para escalar hacia otras esferas. Dos de los secretarios del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, que dirige Soto Dávila, ya están detenidos y de no ser por las prerrogativas de las que goza el juez, también estaría tras las rejas. El Consejo de la Magistratura activó un enjuiciamiento para el correntino. El cuadro es complejo para el hombre que asumió en el Juzgado en noviembre de 1996 y se mantuvo inmune a todos los embates. Ahora el juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiere indagar al funcionario correntino porque lo considera integrante de una organización delictiva. La imputación surge de una decena de hechos denunciados por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Carlos Stornelli y Diego Iglesias -el primero, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº4 de la Ciudad de Buenos Aires; el otro, jefe de la Procuración de la Narcocriminalidad-, sustentados en pruebas aportadas por los fiscales federales correntinos Carlos Schaefer y Flavio Adrián Ferrini. Los hechos que se le imputan a Soto Dávila surgen de diez expedientes en los que intervino el magistrado correntino y en los que, supuestamente, pudieron haberse cobrado coimas por medio de sus secretarios Federico Grau y Pablo Molina, actualmente detenidos. El trío de funcionarios judiciales supuestamente pactaba la recepción de dinero con abogados que representaban a personas presas. Estos letrados habrían entregado sumas de dinero a los funcionarios, lo que garantizaba excarcelaciones “bajo caución juratoria” de los representados. Esta decena de hechos que se le atribuyen al juez correntino -y a sus dependientes- surgen de causas en las que están involucrados algunos de los sospechosos que fueron detenidos luego, por orden de Torres, en la causa del Operativo Sapucay. La acción fue ejecutada por la Gendarmería Nacional en marzo de 2017. Hubo 44 allanamientos y 26 detenidos. El epicentro de las intervenciones fue Itatí, donde detuvieron a funcionarios de la Policía provincial, funcionarios gubernamentales locales, pero en este contexto también apresaron a efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y de la Prefectura, todos ellos acusados de cooperar con las organizaciones de narcotráfico. La sospecha de los fiscales es que tanto el juez como los secretarios incurrieron en el delito de “cohecho”, lo que en términos domésticos se conoce como “coima”. Es por ello que en la causa identificada con el número 9.886/2018 el juez Torres dice que a los imputados “los hechos se les atribuyen consistentes en haber tomado parte de una organización criminal integrada por Carlos Vicente Soto Dávila en calidad de jefe u organizador, Pablo Molina, Federico Grau y los abogados Duylio Barboza Galeano, Omar Serial, Gregorio Giménez, Tomás Viglione y Jorge Vallejos, como también Juan Manuel Faraone, todos ellos en calidad de miembros”. El juez sostuvo que la sociedad estaba “destinada a cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de Justicia y a garantizar la impunidad a sujetos vinculados con tráfico ilícito de estupefacientes”.s