Cayó juicio político en El Paso y la Corte correntina ordenó restituir a Osnaghi

La Corte provincial declaró la nulidad del juicio político encarado en el Concejo Deliberante contra el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi y deberán reintegrarlo en su cargo. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar al conflicto de poderes promovido por el intendente de Paso de la Patria contra el Concejo Deliberante, y declaró la nulidad de todo lo actuado en ese cuerpo a partir del 5 de septiembre pasado, en función del juicio político instruido a Guillermo Osnaghi. Ordenó además que el funcionario sea reintegrado en el cargo de inmediato. La sentencia Nº 2 del Superior Tribunal de Justicia, en la causa “Osnaghi Guillermo Augusto- c/Concejo Deliberante s/ conflicto de poderes”, lleva las firmas de los cinco magistrados. Osnaghi había denunciado la existencia de un conflicto interno entre el Ejecutivo y el Concejo, que promovió contra él un juicio político. Entonces solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo Nº 131 de la Carta Orgánica y la nulidad de las resoluciones Nº 62 del 5/9/18, 64 del 19/9/18, 66 y 67 del 9/10/18 dictadas por el Concejo, considerando que “no se ajustaban a las prescripciones propias de la Constitución nacional y provincial, tratados internacionales aceptados por el artículo 75 inciso 22) y la Carta Orgánica municipal. La Fiscalía General emitió dictamen favorable a la procedencia del conflicto municipal y el Tribunal declaró su competencia exclusiva y originaria para entender en la causa. Según la información remitida por la Corte, el Concejo Deliberante por medio de sus apoderados, negaron todas y cada una de las conductas cuestionadas por el Intendente, justificando la constitucionalidad y validez de ordenanzas y resoluciones adoptadas en ejercicio de sus funciones. Los magistrados señalaron que lo que aquí concernía “son las formas que deben regir el enjuiciamiento, o en otras palabras, las condiciones bajo las cuales es válido el ejercicio del poder de juzgar por parte del Concejo Deliberante, que por la naturaleza del juicio político no deben guardar estricto apego a las formas propias de los procesos tramitados ante el Poder Judicial, salvo al derecho de defensa, inexcusablemente inviolable”. Ante esto, indicaron que el procedimiento seguido en el caso concreto ha vulnerado flagrantemente el debido proceso conforme la doctrina de la Corte. Además, del exhaustivo examen de la documentación aportada por las partes se desprende que, efectivamente, todo el procedimiento -desde la denuncia, pasando por la formación de causa y acusación hasta la suspensión del trámite el 9 de noviembre de 2018- se llevó a cabo sin respetar las garantías constitucionales y legales. En el máximo Tribunal enumeraron las testimoniales rendidas y la documentación recolectada, señalando que “resultan claras las causales por las que corresponde iniciar juicio político al Intendente, pero en ningún momento relacionaron en forma circunstanciada el contenido de aquellas declaraciones testimoniales y la documentación reunida determinando fundadamente los motivos por los que consideran que la conducta del funcionario incurrió en esas causales y cuáles son, en definitiva, los cargos que le imputaban”.s