El juicio a Arturo Colombi cumplió un año con la duda inicial intacta

Las audiencias se acumulan pero la pregunta inicial del juicio al ex gobernador Arturo Alejandro Colombi (2005-09) por la denominada Causa Publicidad persiste indeleble: ¿hubo delito? Ayer el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) celebró la 31ª audiencia cumpliendo así un año desde que se inició esta instancia del proceso judicial. Declararon tres testigos, el más contundente fue Fernando Carbajal, ex fiscal de Estado durante la gestión arturista, quien afirmó: “No existe un sistema de contracción de publicidad. Hay una costumbre administrativa y una ley general de contratación del Estado: así se hacía, se hizo y se hace”. La jornada comenzó a las 8.30 con la declaración de Daniel Alberto Torres, quien se presentó como “el presidente del diario El Libertador” y gerente de la imprenta El Túnel. Torres no aportó datos importantes, dijo conocer a Hernán González Moreno por su paso como director periodístico del medio. “Después formó una agencia (...) pero no tomé contacto con esa gente”, dijo. Además Torres manifestó: “Yo no manejaba el tema pauta porque viajaba y estaba más en Formosa”. Luego ingresó el doctor Carbajal, quien viajó desde Formosa (donde reside y pronto asumirá como juez federal subrogante) para atestiguar. El otrora funcionario recordó que durante la instrucción de la causa fue co-defensor de Colombi, pero debió apartarse ya que la fiscalía lo requirió como testigo. “No hay un ley específica, a todas las contrataciones del Estado se aplica el mismo marco legal”, aseveró. Según Carbajal, “el Estado, por su figura jurídica, no puede cometer delito; sí algún funcionario. Se contrata con un sistema conformado por normas y prácticas administrativas y el Honorable Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control externo, debe revisar que no se hayan cometido irregularidades”. El tercer declarante fue Miguel Alejandro Irigoyen, propietario de la empresa Nexo Publicidad. El testigo refirió que hacía contrataciones mensuales a “precio de mercado”. Además sostuvo que el Gobierno le adeuda parte del pago por los servicios de 2008. s