El narcotráfico contaba con un sistema de recuperación de bien

El fiscal de Primera Instancia, Flavio Adrián Ferrini, hizo referencia a la investigación por supuesto cobro de coimas por parte del juez federal Carlos Soto Dávila. Estos hechos son investigados por el juez porteño Sergio Torres y los fiscales Carlos Stornelli, pero con base en información colectada por Ferrini y la Fiscalía General Federal correntina, a cargo de Carlos Schaefer con la colaboración de Diego Iglesias, titular de la Procuración de la Narcocriminalidad.

El fiscal Ferrini aclaró que “no intervenimos en la causa”, debido a que la investigación la lleva adelante un el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remarcó con relación a esto que cuando se obtuvieron elementos de cargo, se pidió la colaboración de la Procuración de la Narcocriminalidad y “se enviaron a Buenos Aires todos los elementos de prueba para trabajar las conexidades por lo que perdimos contacto con la causa”, dijo Ferrini. El funcionario reiteró: “No actúo de fiscal y no tengo conocimiento ni vista de lo que se producen en esa causa”. Sin embargo, dio a conocer que tiene conocimiento de parte de las actuaciones. “No desconozco, por ser dominio público y nos afecta también que fue llamado a indagatorias el juez federal y que detuvieron a los dos secretarios penales”, sostuvo.

En este contexto contó que la intención de los fiscales fue unificar los más de 25 expedientes por narcotráficos que eran tramitados en Corrientes para que un juzgado de esta ciudad intervenga, pero esto se frustró. “Tuvimos la intención de producir la causa en Corrientes y realizamos presentaciones en la que pedimos acumulación de causas y trabajar la conexidad entre los elementos de la organización narcocriminal, para que sean inspeccionados y juzgados en Corrientes. Se realizaron presentaciones ante el Juzgado Federal 1, pero esto no tuvo éxito”, relató al programa televisivo Somos Noticias (Cablevisión).

La negativa del magistrado federal a unificar las causas llevaron a los fiscales a pedir la colaboración de la Procunar. “El movimiento de narcotráfico se iniciaba en distintas jurisdicciones y terminaba, como punto de distribución, en Buenos Aires, por lo que acordó la estrategia para poder juzgar a toda la organización en aquella ciudad”, remarcó. Advirtió que esta situación podría deberse a “una serie de irregularidades que se veían como fundantes de hechos de corrupción por parte de los funcionarios judiciales”, al hacer referencia al juez Carlos Vicente Soto Dávila y a los secretarios penales Pablo Molina y Federico Grau.

Recordó que estas actividades actualmente investigadas surgen de causas que integran el expediente del Operativo Sapucay que trata del tráfico de estupefacientes desde Corrientes hacia siete provincia. “Aparentemente este era el elemento que faltaba en la investigación de ver cómo creció el narcotráfico”, dijo Ferrini. Sostuvo además, al aclarar que la investigación la llevan adelante el fiscal Carlos Stornelli y Diego Iglesias que “es sano para la Justicia de Corrientes que esta investigación la desarrollen personas que no conocemos y que van a trabajar con la objetividad que debe tener un funcionario de justicia para poder revisar algo muy sensible como hechos de corrupción dentro de la Justicia’. Agregó en este punto que “el narcotráfico creció y tenía posibilidades de desarrollarse en la ciudad y contaba con engranaje aceitado de recuperación de vehículos, libertad y favores del sistema de justicia mediante el intercambio de dinero”.

Cuestionamientos

Con relación a lo que se investiga en la causa judicial en la que están involucrados los funcionarios judiciales, el fiscal Ferrini aclaró que “no se cuestiona el contenido de las resoluciones o la realización de actos procesales. Lo que se cuestiona es que esto se realizó por un intercambio infiel con la función por haber recibido dinero a cambio de estos favores”. Indicó además, para aclarar, que “un juez, de buena fe, puede afirmar que hay una parte de la biblioteca que le avala cierta postura. Pero no se cuestiona las excarcelaciones, sino que fueron por dinero”. La causa que involucra a los secretarios judiciales Molina y Grau y también el juez Soto Dávila tomó fuerza luego de que se detuvo a Federico Sebastián Marín, un supuesto líder narco itateño que los acusó de haber pedido $280.000 para librar la excarcelación de su pareja, Lurdes Alegre.s