Consejeros evalúan imputación contra el juez Soto Dávila

El Consejo de la Magistratura avanzará hoy con el pedido de citación al juez Carlos Soto Dávila, lo que podría abrir paso a un posible juicio político. El análisis de la situación del magistrado se dará en una junta convocada para las 10. Entonces, la Comisión de Disciplina y Acusación, discutirá y votará la citación por el artículo 20 del juez correntino, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por ser el presunto jefe de una asociación ilícita para el encubrimiento de narcotraficantes. El organismo está presidido por el legislador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien es secundado por el diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli y Graciela Camaño, también del peronismo, quienes encabezarán la reunión donde se debatirán los hechos de los que está acusado el funcionario judicial involucrado en una causa que lleva adelante el juez porteño Sergio Torres. En el último plenario del Cuerpo -el primero que se realizó con la nueva conformación- ya se había dispuesto la citación del magistrado correntino, para que sea efectiva esta convocatoria debe realizarse una votación en la Comisión de Disciplina, donde se necesita la mayoría simple de votos. El magistrado, el único con competencia electoral en Corrientes, está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en su provincia, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. La reunión tendrá lugar en el salón Lino Palacio del segundo piso del edificio de Libertad 731, a partir de las 10 de mañana y los integrantes del organismo que evalúa el accionar de los magistrados podría disponer la suspensión de Soto Dávila en la función que ocupa desde 7 de noviembre de 1996 en la magistratura federal.

Acusaciones del ministerio pÚblico fiscal federal

El magistrado Carlos Vicente Soto Dávila fue cuestionado por las supuestas actividades irregulares en su cargo de titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes. Está sospechado de cobrar coimas para liberar a narcotraficantes, acciones por las que fueron detenidos dos de sus secretarios. Se trata de Pablo Molina y Federico Grau, ambos acusados de negociar con abogados la liberación de narcos a cambio de una coima. Las sospechas de irregularidades habían surgido por una serie de episodios que generaron una relación controversial entre el Ministerio Público y el Juzgado Federal. Estos hechos tienen que ver con causas judiciales por narcotráfico en los que, a partir de investigaciones realizadas por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Corrientes y la Fiscalía General Federal, se detectaron conexidad entre los expedientes, por lo que se había pedido la unificación de todos ellos. La respuesta del magistrado había sido negativa. Por otra parte, los funcionarios del Ministerio Público habían advertido que el magistrado había decretado la liberación de acusados por tráfico de drogas, pese a que estaban exentos del beneficio de la excarcelación. Ante esto denunciaron “gravedad institucional” y solicitaron a la Cámara de Apelaciones de Corrientes que se lo separe de al menos 21 procesos judiciales. Para entonces la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar) consideró necesaria la unificación de todas las causas en las que se investiga el transporte de marihuana desde Itatí hacia varias provincias argentinas. Es por ello que la oficina a cargo de Diego Iglesias hizo un pedido al juez porteño Sergio Torres para que este le solicite al magistrado Carlos Soto Dávila el envío de esas causas por narcotráfico. En estas causas están involucrados los mismos sospechosos de integrar una asociación ilícita conformada por tres grupos narcos de Itatí que se repartían el tráfico de unas 15 toneladas semanales de marihuana paraguaya. s