Procesaron a Soto Dávila: jefe de una asociación que beneficiaba a narcos

El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue procesado ayer como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos con su libertad u otras resoluciones judiciales. También fueron procesados dos secretarios de su juzgado, cinco abogados y un ex intendente. Todos quedaron acusados de participar de la cadena de pagos que llegaba hasta el magistrado que ocupa el cargo hace 22 años. Los procesamientos con prisión preventiva fueron dictados por el juez federal Sergio Torres. “El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte”, sostuvo el juez en su resolución de más de 400 páginas. Junto con Soto Dávila fueron procesados los secretarios del juzgado de Corrientes Pablo Molina y Federico Grau, los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Omar Serial, y el ex intendente en los ‘90 de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone. Todos están presos desde principio de mes en cárceles federales, excepto uno de los abogados que declaró como arrepentido y luego fue liberado (su identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad). Serial y Faraone ya estaban detenidos en una causa por narcotráfico. Quien tampoco está detenido es Soto Dávila ya que como juez tiene fueros de detención. El Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de analizar el desempeño de los jueces- lo citó para febrero a que dé explicaciones. Luego de eso podrá suspenderlo en el cargo para que sea sometido a juicio político y así perder los fueros. Allí podría ser detenido. El juez Torres le comunicó al Consejo el procesamiento. La prueba central para los procesamientos fueron escuchas telefónicas, la declaración de siete arrepentidos y de tres testigos de identidad reservada y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila en las causas de narcotráfico. De allí surgen fallos contradictorios con la prueba de las causas y con valoraciones distintas de otros expedientes ante los mismos hechos. Además, la contemporaneidad de los beneficios con los pagos de las coimas que declararon los arrepentidos. “Saqué un dorado y quiero convidarte”, le dijo Faraone a Soto Dávila, según la declaración de un arrepentido que aseguró que “ésa era la manera que ellos tenían para saber que estaban hablando de un ‘arreglo’, de un negocio con una causa”. En ese caso se buscaba la libertad de Lourdes Alegre, esposa de Federico “Morenita” Marín, un jefe narco de la zona de Itatí. Luego Faraone y Soto Dávila se reunieron en la casa del juez. Según la causa judicial, las coimas comenzaban en 15 mil o 30 mil pesos hasta cifras más elevadas, a veces en dólares. El abogado arrepentido contó seis hechos de pago de coimas a Molina, uno de los secretarios del juzgado de Soto Dávila. “Fueron muchos los hechos de ‘arreglo’ con Molina por liberados y él me decía: ‘mirá que yo tengo que juntar para el viejo’”, en referencia a Soto Dávila, dijo el arrepentido. La resolución judicial de Torres señala que Soto Dávila y el resto de los acusados beneficiaban a tres bandas narco de Corrientes que traían marihuana desde Paraguay para luego vender en la ciudad de Buenos Aires. En una de ellas participaban el intendente de Itatí, Natividad Terán, y el vice, Fabián Aquino, junto con oficiales de la Policía Federal y Gendarmería Nacional. Fueron detenidos en marzo del año pasado. Sobre los secretarios Molina y Grau, el fallo señala que “se encargaban de brindarle asistencia” a Soto Dávila.s