El procesamiento al juez Soto Dávila: las coimas y el rol de Juancho Faraone

“Saqué un dorado y quiero convidarte”. La sugestiva invitación de Juan Manual Faraone (alias “Juancho”) al juez federal de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila, quedó registrada en el sistema de escuchas que durante casi dos años estuvo en funcionamiento aquí para descubrir movimientos y contactos de los narcotraficantes que operaban en la zona de Itatí. Esa suerte de “espionaje” legal fue solicitado en su momento por el fiscal federal Flavio Ferrini, instrumento que el propio magistrado -invitado a degustar el dorado- debía usufructuar en provecho de la Justicia. Aparentemente no fue así, sino todo lo contrario. Es lo surge del auto de procesamiento que el juez federal Sergio Torres (de la ciudad de Buenos Aires) le dictó a Soto Dávila, a sus dos secretarios y a otras cinco personas, entre ellas a Juancho Faraone. Paradoja, esas escuchas que -según dice Torres- Soto Dávila nunca utilizó para organizar operativos o detener a los operadores del narcotráfico, son las que le dan sustento a la acusación contra el magistrado correntino. En las grabaciones, que se divulgaron a la prensa sólo parcialmente, hay material radioactivo para la salud judicial. Por ejemplo, está el convite de Juancho Faraone, ex intendente de Empedrado, que oficiaba de gestor. De acuerdo a la descripción que hace el juez acusador, Faraone intervino para la liberación de María Lourdes Alegre, esposa de Federico Sebastián Marín (alias “Morenita”), uno de los capos de la droga en Itatí. La mujer estuvo detenida más de dos años por orden de Soto Dávila. A través de las escuchas se determinó que el pool de abogados que representaba a Morenita Marín y a otros agentes narco de la zona, hizo tratativas para conseguir la liberación de María Lourdes Alegre. Los interlocutores siempre eran los secretarios del Juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, que también fueron procesados y actualmente están detenidos. Para cerrar la operación se habría pactado una cifra de $280.000 en efectivo, pero no está claro si el pago se concretó y como se demoraba el trámite Juancho Faraone intervino en persona. Incluso visitó la casa de Soto Dávila, dice la resolución del juez Torres. El auto de procesamiento describe, con bastantes detalles, al menos ocho operaciones iguales, en las que intervino al menos uno de los dos secretarios de Soto Dávila y según el caso, distintos abogados: Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos, y Omar Antonio Serial. Todos ellos están detenidos y seguirán en esa condición. El juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal Nº12 de Buenos Aires, los acusa de integrar una asociación ilícita, cuyo jefe era el juez federal correntino Carlos Vicente Soto Dávila. En ese marco les imputa el delito de cohecho -ocho casos- y prevaricato en concurso ideal. Además, el magistrado acusador dispuso que tienen que continuar detenidos y estableció un embargo millonario para todos los imputados. Para Soto Dávila un embargo de $20 millones; para Molina $15 millones; para Grau $13 millones; y sigue: $9 millones para Barboza; $8 millones para Giménez; $6,5 millones para Viglione; $5 millones para Vallejos; $3,5 millones para Serial y finalmente $2 millones de embargo para Faraone. El fallo que tiene 488 páginas fue firmado el viernes pasado. NORTE de Corrientes tuvo acceso al material donde se fundamenta que “en los autos, surge con claridad que los acuerdos corruptos han versado sobre la entrega de sumas de dinero de diverso monto, como objeto de cambio para dictar las resoluciones favorables a distintos sujetos sospechados de conductas de narcotráfico, en su mayoría integrantes de la organización criminal investigada”. La afirmación está fundada en las escuchas (son más de 200 mil horas) en “los relatos brindados por siete personas imputadas que se acogieron a la figura del ‘arrepentido’, quienes no sólo develaron en un mismo sentido el mecanismo de la organización criminal, sino que también brindaron precisiones en cuanto a cómo se llevaban adelante las tratativas y los acuerdos luego celebrados”. En otra parte se describe que la asociación ilícita, que encabezaba Soto Dávila con la asistencia de los encartados Molina y Grau, “habría recibido las sumas de dinero que eran expresadas en las conversaciones telefónicas registradas, a cambio de resoluciones favorables para los imputados Ricardo Daniel Giménez ($30.000), Ramón Antonio Sena ($25.000), Héctor Daniel Botello Da Silva ($30.000), Pablo Nicolás Torres ($10.000), Carlos Alberto Bareiro ($1.000.000), Hernán Adolfo Aquino ($30.000), Sergio Carlos Ponce y Ricardo Daniel González ($30.000)”. Agrega el fallo del juez Torres que “estas circunstancias también se desprenden de los relatos brindados por distintas personas que declararon bajo reserva de identidad, quienes también precisaron, con detalles, cómo era la mecánica de la maniobra criminal y los montos de dinero que eran entregados”. La esposa de Morenita Marín (que cayó en noviembre pasado tras estar prófugo desde marzo de 2017) permaneció entre rejas dos años: desde julio de 2016 hasta noviembre de 2018 y nunca se resolvió su situación procesal. Al final, Soto Dávila le dictó falta de mérito. Este y otros procedimientos similares, como los que beneficiaron a “Caballo”; “Pierna” o “Dani” (sindicados como narcos) constituyen motivo de sospechas para los investigadores y dieron pie a la pesquisa que continúa adelante.s