Gradualismo, desazón y un horizonte difuso

Y así se sintetizó 2018, con una de las más importantes de­preciaciones del valor de la moneda, con un índice de infla­ción que ubica al país entre los más inexpertos para el control de los precios (entre los cinco con mayor índice del mundo), y tasas relacionadas al desempleo y la pobreza que van en la misma sintonía.
Y todo eso se dio, cuando el panorama prometido por el presidente Mauricio Macri era totalmente lo opuesto: en ple­na campaña electoral, las promesas para dejar atrás la déca­da ganada kirchnerista en 2015, el ingeniero -que fue jefe de Gobierno porteño y presidente de Boca Juniors (cucardas que cada tanto afloran)- habló de un manejo sencillo para contro­lar el índice de precios y que domar la moneda estadouniden­se era solo un trámite.

Fue este año que concluye donde una sucesión de malas de­finiciones llevó a la pérdida de la confianza de los mercados, con la consiguiente consecuencia padecida desde abril con cargos a la gestión anterior y no a la impericia de la conduc­ción económica que no encontraba (¿encuentra?) la manera de sortear el temporal.
Y es así que la administración Macri finaliza el año con un cambio de rumbo que el resto de su gestión: el “fin del gra­dualismo” en el ajuste de las cuentas públicas, y también con el objetivo incumplido de no poder crecer, como viene sucediendo ya desde el bienio 2010-2011, dos años seguidos. Continúa entonces la tendencia de crecer en los años impares, pero no lograr una mejora del PBI en los años pares.
La economía cerrará este año con una caída estimada de 2,4%, luego de haber crecido 2,6% en 2017, una inflación en torno a 45% y una devaluación del peso cercana a 100%.
El presupuesto aprobado para el año que viene está cargado de metas estrictas, muy cerradas en el cumplimiento produc­to de las exigencias del Fondo Monetario para poder seguir atados al respirador artificial de los fondos provenientes de este organismo. Implica un ajuste fiscal de tres puntos del PBI para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, reducir la inflación a la mitad (23 por ciento), y una caída de la actividad económica de 0,5%.
En breve repaso de lo ocurrido, hay que remontarse al pri­mer cuatrimestre, hasta abril inclusive, en el que el país venía creciendo a una tasa cercana a 3% anual, con un dólar quieto en torno a los 20 pesos y la promesa de inversiones del exte­rior. Pero factores externos e internos complicaron ese esque­ma: la guerra comercial entre Estados Unidos y China arrasó con la política de tomar deuda a bajas tasas en el exterior. ¿Sabía el Gobierno que esa situación podía pasar? Los propios funcionarios reconocieron que, si lo sabían, y que, por eso, a comienzos de año, el entonces ministro de Finanzas, Luis Ca­puto, tomó deuda por US$9.000 millones de una sola vez.
Pero la velocidad en la suba de tasas de los Estados Unidos fue tal que no solo dejó sin financiamiento a la Argentina, uno de los países emergentes que más lo requería. A esto se sumó un factor interno que resultó significativo para el principal motor económico del país, el campo: la peor sequía en 50 años afectó la cosecha fina, lo que significó unos US$9.000 millo­nes menos de exportaciones y valor agregado.
Y otro factor interno no menor, que complicó la actividad, fue la revelación de los vínculos de los empresarios con el pago de sobornos en la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto echó por tierra la iniciativa priva­da de buscar fondos para la construcción de infraestructura a través del programa de Participación Pública Privada.
Todas estas restricciones se reflejaron en la cotización del dólar, que a fines de abril estaba en $21, tres días después saltó a $23,5 y a mediados de ese mes quedó en $25,5, valor en el que oscilaría hasta el 7 de junio, cuando se anunció el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La falta de consistencia de ese acuerdo y la suba de tasas a nivel internacional, hicieron que el dólar continuara una esca­lada ascendente que lo llevó a $28,8 a mediados de junio, $29 el 10 de agosto, poco más de $31 el 27 de agosto, para alcanzar los $40 a finales de ese mes.

EL RETORNO AL FONDO
La Argentina volvió este año al Fondo Monetario Interna­cional y obtuvo financiamiento hasta fines de 2019, a partir de un acuerdo en el que se compromete a aplicar una estricta política monetaria y fiscal.
En ese marco se gestó un nuevo compromiso con el FMI, con un préstamo por US$ 57.000 millones para pagar todas las deudas hasta 2020, pero con el compromiso de poner fin a la emisión monetaria, y la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal de un solo golpe.
El acuerdo stand by de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado, le permitió a la Argentina acceder a financiamiento por US$50.000 millones a menores tasas de interés que en los mercados, pero con desembolsos que se aprobarían luego de revisiones trimestrales sobre las cuentas fiscales.
El propósito del crédito del organismo conducido por Chris­tine Lagarde era fortalecer las reservas del BCRA y calmar la volatilidad del dólar, que impactaba en los precios de los pro­ductos y encarecía la deuda contraída en moneda extranjera.
Sin embargo, el agravamiento de la coyuntura económica llevó al gobierno a solicitar una ampliación del crédito, y se firmó un nuevo acuerdo a fines de septiembre que ampliaba el monto a US$ 57.100 millones.
El Fondo instó a desarmar la acumulación de deuda por las licitaciones de Letras del Banco Central (Lebac) y que se pro­cure mantener un tipo de cambio alto y estable, que permita incrementar las exportaciones, desalentar las importaciones y revertir el déficit de la balanza de pagos.
El acuerdo establecía que el dólar flotará entre los 34 y 44 pesos y, en caso de operar por fuera de esta banda, el Banco Central puede intervenir con sus instrumentos disponibles.
Se estableció además que la entidad ahora presidida por Guido Sandleris hará un “estricto control de crecimiento de la base monetaria”, en el marco de la estrategia para controlar la inflación.
Las revisiones de las cuentas fiscales están a cargo de la mi­sión que encabeza el economista italiano Roberto Cardarelli, que habitualmente se instala en Buenos Aires y ya aprobó dos desembolsos. A diferencia de otros acuerdos anteriores, y consciente de la mala imagen que tiene en la sociedad argen­tina, el FMI autorizó incrementar las partidas sociales en un momento de recesión y crecimiento de la pobreza.
En este contexto es que la Argentina transitó uno de los peores años económicos, aunque sin embargo la poca esta­bilidad política (con referentes de la oposición sin respaldo, y otros con el descrédito como traje) llevó a que el gobierno no tuviera complicaciones claras que, en otros años, implicaría el peligro de la continuidad.
Todas las medidas adoptadas están sujetas a la “esperanza” del 2019, con la cosecha que se espera sea buena (cuyos ingre­sos comenzarían a hacer impacto en mayo) y un orden en las cuentas que está supeditado a la orden del Fondo Monetario y al comportamiento estricto de las autoridades que, en cada año electoral, suele generar tentaciones de dispendio ante al­guna promesa de campaña.s