Transporte público: tres aumentos, un servicio con pocas estrellas y los usuarios que no tienen voz

¿Qué puede comprar una persona hoy en día con $8? Sinceramente no mucho, un par de caramelos, un tu­rrón que esté en oferta, una fruta. Visto así de simple no parece mucho. ¿Quién no tiene o puede conseguir esa cantidad? Pero la cuestión cambia cuando esa cifra se transforma en un aumento en el precio del boleto de co­lectivo que miles de corren­tinos utilizan al menos dos veces al día.
La tarifa del transporte urbano de pasajeros pasará en solo una semana de $11 a $19, es decir un aumento de $8. Esto se dio con al aval del bloque de los concejales de ECO – Cambiemos y PL y la abstención de cuatro representantes del PJ Pode­mos Más; mientras que otro grupo, entre ellos el edil del Partido Nuevo, rechazaron el incremento por considerarlo “impagable”.
¿Cómo se traduce esto para los correntinos que utilizan el servicio a dia­rio? Hasta ahora destinaban como mínimo $2.640 men­suales para viajar en el trans­porte público de pasajeros dos veces por día.
Con este incremento que se aplicará a partir del 1 de enero próximo deberán dis­poner de $4.560 por mes para utilizar el servicio ur­bano de colectivos. Una suba considerable, 72,72%, prác­ticamente impagable para muchos y que por cierto no se condice con la inflación de este año que ronda el 50%, o el 15% que fue el incremento de aumento salarial recibido durante este año, aquellos que cuentan con un puesto laboral bajo relación de de­pendencia.
¿De dónde surgió esta cantidad que avalaron los concejales capitalinos, que llamativamente son quienes representan a los usuarios correntinos? En principio con base en un estudio de costos que elabora un orga­nismo municipal llamado Sistema Integrado de Movili­dad Urbana (Simu), que está conformado por represen­tantes del Ejecutivo Munici­pal, el Concejo Deliberante, la Unión Tranviarios Auto­motor (UTA) y la Cámara del Transporte Urbano de Co­rrientes (Cetuc).
Salvo por la presencia de dos concejales, se puede de­cir que los usuarios no tie­nen representación, ni voz ni voto, en las reuniones a puertas cerradas en las que se analiza la prestación del servicio y sobre todo los pe­didos de aumento del boleto presentado por el sector em­presario que tiene la conce­sión de las distintas líneas de colectivos por los próximos nueve años.
Pero este incremento aprobado con los votos de los concejales oficialistas de ECO Cambiemos y del Partido Liberal, y con la abs­tención de cinco ediles del bloque opositor PJ Podemos Más, no fue el único de este año. De hecho hubo otros dos incrementos de la tarifa urbana de colectivos.
En febrero de este año, el Concejo Deliberante aprobó un incremento escalonado del 43% del boleto de co­lectivo. De $7,30 en marzo, el precio trepó a $9,50 y en mayo alcanzó los $11. En solo diez meses, los ediles capita­linos levantaron la mano y autorizaron tres aumentos de tarifa de transporte urba­no, que en total representan un incremento del 115,72%.
¿Los correntinos pueden pagar este precio? Está cla­ro que no. De acuerdo con la medición más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (In­dec), dada a conocer a fines de septiembre de este año, la Ciudad de Corrientes es el segundo distrito con ma­yor índice de pobreza en la Argentina con el 36,8%. Un tercio de la población de esta Capital, más de 100.000 co­rrentinos no logran cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Y aun así, un gru­po integrado por funciona­rios, concejales, empresarios y sindicalistas, deciden que los correntinos deben des­tinar $4.560 como mínimo por mes para viajar en colec­tivo.
¿Qué pasa con el servicio? ¿Qué calidad de transporte urbano reciben a cambio? El mismo de siempre, el de hace décadas. Con unidades que siempre tienen algún desperfecto y quedan para­das en el camino, sin man­tenimiento y condiciones de higiene deficientes, que incumplen con los horarios y recorridos. Con choferes que muchas veces maltratan a los pasajeros particularmente a los mayores; que no ingresan a los barrios periféricos los días de lluvia entonces los usuarios tienen que trasla­darse aún con el mal tiem­po hasta algún lugar donde puedan subirse al colectivo; los mismos que no tienen un lugar en las paradas para guarecerse del sol abrasador o las precipitaciones.
El pasajero abona un bole­to muy alto para un servicio que la mayoría de las veces es malo o directamente es nulo. Tal como ocurrió en los me­ses de octubre y noviembre pasado con los paros noctur­nos, en los que por más de diez días, los usuarios fueron rehenes -una vez más- de una medida de fuerza sindi­cal, en reclamo del pago de aumentos salariales adeuda­dos.
Un plan de lucha que sin duda responde a una mecá­nica repetitiva, casi caricatu­resca, destinada a impulsar un aumento del boleto. La fórmula se repite desde hace años, pero en este 2018 ocu­rrió en varias oportunidades. El empresariado insiste en que el valor del boleto no le alcanza para pagar los au­mentos salariales que recla­ma la UTA. El sindicato de choferes amenaza con dejar sin servicio de transporte a los usuarios o inclusive lleva adelante un paro, y el Mu­nicipio y los concejales del oficialismo -cualquiera sea la bandera política de turno en la gestión- autorizan el incremento de espaldas a los usuarios, que son quienes padecen el servicio, la falta de él y aun así deben pagar los incrementos.
¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?
A modo de chiste, a la vez lamentable, en los últimos días algunos usuarios escri­bían en las redes sociales y en los grupos de Whatsapp: “¿Y ahora quién podrá de­fendernos? Necesitamos un Chapulín Colorado, pero de verdad”, a propósito del personaje de superhéroe mexicano que interpretaba Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, en su tira có­mica de la TV de los años 70. El problema es que en la vida real del correntino medio no hay una figura con poderes extraordinarios que salve a los pasajeros del caótico sis­tema de transporte que tiene la ciudad.

Entonces, ¿quién defiende a los pasajeros de los incre­mentos que resultan abu­sivos a sus bolsillos, a los correntinos que se quedan a pie por falta de servicio, o que deben abonar precios astronómicos de remises para poder regresar a sus ho­gares, ir a trabajar y llegar a tiempo?
¿Cuáles fueron las gestio­nes que impulsaron las de­fensorías del Pueblo y de los Vecinos de Corrientes res­pecto del transporte urbano durante este año?
Para no guiarse simple­mente por las gacetillas de prensa oficiales, NORTE de Corrientes consultó las cuentas oficiales de las de­fensorías locales en las redes sociales, que están actuali­zadas con todas las gestio­nes realizadas por ambos ombudsman. Es así que se pudo ratificar algo que estu­vo bastante claro a lo largo de este 2018, que respecto de la prestación del servicio de transporte, las gestiones fue­ron de escasas a nulas.
Si bien a fines de enero de este año ambos defensores (César Vallejos Tressens por la Provincia y Agustín Payes por la Capital) se juntaron para “aunar criterios de tra­bajo” trataron temas como “mejorar la calidad los ser­vicios públicos en general, el agua potable, el tratamien­to de residuos, transporte, entre otros que vinculan a ambas gestiones”, el servicio urbano de pasajeros parecie­ra que quedó algo relegado y sobre todo el precio del bo­leto.
El ombudsman de la Pro­vincia mantuvo una impor­tante agenda de recorridas por el interior provincial con propuestas de talleres edu­cativos sobre bullying, groo­ming y educación vial, o para que los municipios legislen en contra el uso de pirotec­nia, además de la modifica­ción de la ley de talles o el impulso a la declaración del tordo amarillo como monu­mento natural de la provin­cia. Todos temas que si bien alcanzan en su gestión, tal vez quedaban opacados ante una problemática mayor que se registra en la Capital. De hecho se desconoce su par­ticipación e involucramiento de oficio respecto de la falta de servicio público de trans­porte, como las que sufrie­ron miles de correntinos du­rante diez noches en octubre y seis jornadas completas en noviembre pasado.
La Defensoría de los Veci­nos de esta capital, tuvo al­guna presencia dado que es su jurisdicción directa ante el paro de choferes registra­do el fin de semana largo, del 15 al 20 de noviembre. Pero la cara del funcionario de esa área se vio recién una vez que se levantó la medida de fuerza de los choferes auto­convocados.
Nobleza obliga reconocer que el Defensor de los Veci­nos presentó en el Concejo Deliberante un pedido de informe al Municipio res­pecto de los montos de las multas que se aplicaron a la empresa en conflicto por los seis días sin servicio como consecuencia del paro de choferes. Como así también un pedido de compensación al daño ocasionado hacia los vecinos, en el que soli­citó que durante 48 horas el transporte fuera gratuito. Y también vale mencionar que tuvo participación durante la audiencia pública no vin­culante por el aumento del boleto, durante la que volvió a insistir justamente en su sugerencia de una compen­sación gratuita al usuario por los días sin colectivo.
La Municipalidad, que es el organismo público que debe velar por los ciudada­nos y garantizar las condi­ciones óptimas del serviciode transporte, se mantuvo bastante al margen respecto del valor del boleto. Si bien a lo largo del año los funciona­rios manifestaron en los me­dios que una actualización de la tarifa de colectivo era necesaria, aclaraban que no debía ser muy alta. De todas formas, llegado el momen­to, el envío del proyecto de incremento al Concejo Deli­berante, tras el dictamen del Simu, avalaba oficialmente la sugerencia de un boleto a $19,38.
En tanto, cuando se pro­dujeron los dos paros de transporte, en octubre y no­viembre, el Ejecutivo muni­cipal solo puso a los inspec­tores de Tránsito en la calle a labrar multas por incum­plimiento; y envió al Concejo Deliberante un proyecto de declaración de emergencia del transporte urbano que diera marco legal a las me­didas adoptadas de disponer de colectivos para que pres­taran un servicio de emer­gencia, pero eso sí, con un boleto a $15 y no a $11 que es el vigente. Es decir, los miles de pasajeros no sólo no te­nían el servicio de transpor­te urbano de colectivos, sino que además debieron abo­nar una tarifa un 36% más cara por decisión municipal y tampoco recibieron expli­caciones públicas de por qué ese precio.
El Concejo Deliberante, el cuerpo legislativo que re­presenta a los ciudadanos o que debería representarlos, tampoco ha priorizado a los usuarios del transporte durante este año. Salvo con­tadas excepciones -como algunos legisladores capita­linos de la oposición- la ma­yoría de los ediles resultan funcionales a los pedidos empresariales. Lo fueron en la votación de febrero por el aumento del boleto, y lo volvieron a ser la semana pa­sada al avalar un incremento del 72,72% a la tarifa plana del servicio urbano de pasa­jeros.
La posición de los conce­jales de ECO+Cambiemos y su socio del PL, estaba cla­ra y levantaron la mano sin cuestionar para respaldar un aumento de espaldas a los correntinos. Pero los cinco ediles del bloque PJ Pode­mos Más que decidieron abstenerse de emitir su voto también fueron funcionales al incremento. Aun sabiendo cómo es el manejo político en el Concejo, y considerando que hasta el año pasado ellos eran el oficialismo, ahora ni siquiera tuvieron la visión y la agudeza de votar en con­tra para forzar a un empate técnico en el seno del Conce­jo Deliberante, obligando al titular del cuerpo, el radical Norberto Ast, a desempatar y pagar los costos políticos de semejante suba.
La Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrien­tes, en tanto, fue la que de al­guna forma a través de notas oficiales representó a los co­rrentinos; no solo al plantear y denunciar permanente­mente los incumplimientos de las empresas de transpor­te urbano, sino también de pedir la quita de concesión. Enviaron notas y pedidos de informe al Ejecutivo Munici­pal y al Concejo Deliberante exponiendo y cuestionando a las firmas respecto de las infracciones, que por cier­to no tuvieron respuesta o tendrán su tratamiento ad­ministrativo recién en 2019, pero sin ningún tipo de ac­ción concreta que garantiza­ra la normalidad del servicio o lo restableciera en forma inmediata.
Conclusión: sin duda este año los correntinos pade­cieron el desamparo. Fue­ron más que nunca rehenes de un servicio cada vez más caro, deficiente, con un con­flicto de intereses empre­sario y sindical latente, que también sufre la inacción y la falta de idoneidad de fun­cionarios y concejales para resolver una crisis que lleva años gestándose, que tende­rá a agravarse aún más y que siempre el que resultará per­judicado será el usuario. s