Declaraciones que desnudaron el vínculo entre la política, el crimen y la Justicia

La detención de los líderes narcos de Itatí durante el operativo Sapucay I, ocurrido en 2017, dio lugar a una investigación que derivó en la imputación a letrados, funcionarios judiciales y un juez federal, acusados de facilitar la liberación de personas acusadas de delitos graves a cambio de una paga.
Pero las averiguaciones respecto de los hechos de corrupción sólo tuvieron solidez luego de la detención de Federico Sebastián Marín, uno de los líderes narcos itateños, apresado en octubre de 2018, ya que en su declaración brindó nuevos elementos que originaron la llamada causa Sapucay II.
La causa iniciada este año involucra al ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, a su hija y su ex yerno –ambos gendarmes– a los secretarios del Juzgado Federal 1, Pablo Molina y Federico Grau y al titular de esa magistratura, Carlos Vicente Soto Dávila.
En esta causa también fueron incluidas declaraciones de abogados y sospechosos de narcotráfico que habrían contado cómo eran las operatorias, los montos que supuestamente se cobraban, como también quiénes intervenían en los acuerdos para “cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de Justicia y a garantizar la impunidad de diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en distintas etapas”.
En diciembre fueron apresados por la causa Sapucay II los abogados Humberto Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza. Los letrados están sospechados de haber supuestamente “negociado” excarcelaciones de sus clientes con los funcionarios involucrados en la causa. También fue apresado Federico Grau, y Pablo Molina, ambos a cargo de secretarías penales del Juzgado Federal N° 1 y hombres de confianza de Soto Dávila. El juez, en tanto, quedó en la mira del Consejo de la Magistratura.s