Confirmaron las condenas a “La Banda de Los Mecánicos”

La Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó un fallo en el que se condenó a “La Banda de Los Mecánicos” de Itatí, a penas de hasta 7 años de prisión y el decomiso de una vivienda en la que habían acondicionado y almacenado media tonelada de estupefacientes. El Tribunal de Revisión dejó firme la sentencia al rechazar los planteos realizados por la defensa de los imputados condenados en un juicio oral y público desarrollado en marzo de este año. De esta manera, los integrantes de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña como presidente, y los doctores Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, vocales, ratificaron la determinación de que la vivienda en la que se realizó un allanamiento donde se incautó un cargamento de marihuana y vehículos preparados para el transporte de esa droga, pase al Estado. Adujeron para ello que “las circunstancias referenciadas (en la causa) impiden arribar a otra conclusión que no sea la de tener por acreditada la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y en consecuencia, corresponde confirmar la sentencia en cuanto a la calificación legal por la que los imputados han sido condenados”. Argumentaron respecto a esto que “el domicilio propiedad del imputado fue utilizado para la realización del delito, se encuentran presentes las razones que determinan que aquel bien sea objeto de decomiso, por lo que el pronunciamiento impugnado exhibe un razonamiento acorde a las exigencias dispuestas en las normas de aplicación”. Advirtieron que “debe recordarse que el decomiso es una consecuencia accesoria a una pena principal, de carácter retributivo, que constituye un efecto de la sentencia condenatoria que procede por imperativo legal cuando estén presentes las condiciones previstas”. La sentencia de la Cámara de Casación es en respuesta a los planteos del defensor oficial, Enzo Mario Di Tella, quien interpuso recurso de casación en favor de los condenados Carlos Aldo Marín, Víctor Hugo Marín, Maximiliano Oscar Marín y José Clementino Piris, detenidos el día 23 de julio de 2013, a las 19, en un procedimiento del que participaron efectivos de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional. En su presentación el letrado sostuvo que en el juicio “el Tribunal oral había omitido referirse de manera expresa a la falsedad del acta” del procedimiento en el que se incautó un cargamento de drogas. Afirmó que el órgano de juzgamiento “únicamente se explayó sobre la nulidad del allanamiento sin responder el planteo de redargución de falsedad (acción impugnatoria para destruir la eficacia de un instrumento probatorio de tipo público)”. Advirtió que la correcta redacción del acta “es requisito para poder analizar la nulidad del procedimiento” y agregó que “la falsedad ideológica del acta fue clara, concreta y manifiesta, en tanto se advierten un conjunto de contradicciones y falsedades que se verifican con los testimonios recibidos en la causa”. Remarcó, en este sentido que “tanto el imputado Aldo Marín como los testigos civiles y los testigos de la Gendarmería y de la Prefectura fueron contestes y unívocos al mencionar que no hubo jamás una autorización para ingresar al domicilio por parte del único autorizado para ello, lo que denota el contenido falso y tergiversado del acta del procedimiento”. Según el abogado “el procedimiento de PNA en el cual se secuestró estupefaciente, se detuvo a Maximiliano Marín, Víctor Hugo Marín, Clementino José Piris y sirviera para imputar a Carlos Aldo Marín y a Julio César Marín se halla viciado por una lisa y grosera violación a diversas garantías constitucionales, entre ellas, la inviolabilidad del domicilio”. Concluyó su argumentación advirtiendo que “la causa puede haber sido armada, con droga plantada en contra de algún integrante de la familia Marín, pues no tiene sentido que se hubiera permitido el ingreso de Gendarmería al domicilio si Marín sabía que había estupefacientes”. En respuesta a esto, la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación rechazó el argumento de la defensa y confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal de Corrientes y de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital correntina. El argumento del fallo es que “el allanamiento del taller mecánico del imputado Carlos Aldo Marín fue de acuerdo a la normativa penal aplicable, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico”. Además sostuvieron que “la sentencia condenatoria dictada se encuentra exenta de vicios o defectos en sus fundamentos”.

Banda de mecÁnicos

La organización conocida como “La Banda de Los Mecánicos” fue nombrada en la causa que originó el Operativo Sapucay. Uno de los testigos de identidad protegida los había nombrado como parte de la organización liderada por Federico Sebastián Marín, alias “Morenita”. Había dicho que en Itatí, cerca de la Ruta Nacional 12, existía un taller mecánico donde “cargaban” vehículos. Y ese lugar, el que fue allanado en 2013, cuando incautaron allí 467 kilogramos de marihuana y detuvieron a Carlos Aldo Marín, Víctor Hugo Marín, Maximiliano Oscar Marín y José Clementino Piris. Éstos fueron juzgados. Carlos Aldo Marín fue condenado a 7 años de reclusión y el pago de una multa de $2.000 por hallarlo penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; Maximiliano y Víctor Marín y José Piris, recibieron una condena de 6 años de prisión y pago de una multa de mil pesos por el mismo delito. En ese juicio se decomisó la vivienda donde estaba la droga. s