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Puntos clave del proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad

El documento consta de 100 artículos, 16 capítulos y un anexo, que establecen las medidas que se aplicarán en caso de aprobarse la ley.

El Gobierno confirmó su intención de avanzar con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y enseguida encontró resistencia de algunos sectores de la oposición y organizaciones de Derechos Humanos. El proyecto ya está listo y será enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias que convocará Mauricio Macri en febrero. A la intención de bajar a 15 años la edad de imputabilidad para los delitos más graves, se suma una serie de medidas que, según precisó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a desalentar “la carrera delictual” de los jóvenes “no importa la edad que tengan”. ¿Pero qué dice el proyecto? Dividido en 100 artículos, distribuidos en 16 capítulos; y un anexo que define las funciones de la Comisión de Implementación que se prevé poner en marcha tras la aprobación de la ley, el texto primero fija que el flamante “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” se aplicará “a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho”.

Delitos graves

En el artículo 2, expone que a aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Es decir, sólo para los delitos más graves, como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego. Del mismo modo que “para un mayor de 16 y menor de 18 años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a tres años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”. En respuesta a los pedidos de ONG, el proyecto habla en el artículo 8 de una “Justicia especializada” y aclara que “el control de las medidas y la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes”. En esa misma línea, el artículo 12 establece que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”.s