El Gobierno defendió la extinción de dominio, frente a las críticas opositoras

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, adelantó ayer que el Poder Ejecutivo está dispuesto a incluir la extinción de dominio en las sesiones ordinarias del Congreso “si hay consenso” sobre su tratamiento, pero remarcó que el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Mauricio Macri “es absolutamente constitucional”. “Si el Congreso la quiere complementar con una discusión en ese ámbito de una ley de extinción de dominio, bienvenido sea”, señaló Frigerio en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, durante la cual aseguró que el decreto que se publicó ayer en el Boletín Oficial “es una herramienta fundamental para que los argentinos recuperen lo que se robó la corrupción”. “La Justicia ha avanzado en estos tres años, pero necesitamos las herramientas para que los bienes robados se puedan restituir a la gente”, evaluó el jefe de la cartera de Interior. El presidente Mauricio Macri anunció ayer la firma del decreto para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros. “No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga”, sostuvo Macri durante su anuncio. La medida del jefe de Estado fue respaldada por ministros del Gabinete nacional, y fustigada por legisladores opositores y abogados de ex funcionarios del Gobierno anterior que se encuentran acusados por corrupción en distintas causas. Para el ministro de Justicia, Germán Garavano, el decreto por el cual entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio es un instrumento “novedoso para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes” provenientes de hechos ilícitos, y estimó que “los plazos (para ese trámite) no deberían superar el año”. “Fue un tema que se discutió mucho en el Parlamento y nunca se logró avanzar”, afirmó el ministro. En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo ayer que es imposible “pelear contra el narcotráfico” sin quitarle primero su “capital de trabajo”, y afirmó que permitirá “dejar sin una moneda a bandas criminales, corruptos y redes de trata”. En cambio, del bloque de diputados del FPV-PJ lo rechazó al señalar que con esa iniciativa el Gobierno “demuestra su autoritarismo”, porque promulga una iniciativa “a espaldas del Congreso”. “El decreto de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los mismos están vedados para materia penal. Por eso lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales”, señaló un comunicado.s