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López Desimoni volvió a criticar a la Justicia luego de casos de arrebatos

Afirmó que hay que modificar leyes. La alianza política a la que pertenece dilata la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento.

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, avanzó ayer en su tesitura sobre la razón del actual nivel de delitos menores (tales como arrebato): “Hay que analizar las leyes, modificarlas y ser coherentes”, dijo. Con ese desplazamiento discursivo, el funcionario otra vez se eximió de responsabilidades y, en simultáneo, a sus subordinados: los policías. Empero, obvió que él es parte de un alianza política (ECO-Cambiemos), la cual cuenta con mayoría legislativa en el Parlamento provincial y pese a esa ventaja lleva años dilatando la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal. El vigente data de la dictadura de Lanusse. En su nueva aparición mediática (a una semana de la viralización de un video que registra el accionar de dos ladrones en motocicleta apodados “Popi” y “Caretita”, quienes siguen prófugos), el funcionario mantuvo la sintonía con la postura temática instalada desde el Gobierno nacional. En días posteriores al filmado arrebato, el titular de la cartera de Seguridad se había exculpado parafraseando al presidente Muaricio Macri: “La Policía hace su trabajo y muchas veces los detienen, y a partir de ahí quedan a disposición de la Justicia, que resuelve su situación procesal”. Al límite de una intromisión en otro de los tres poderes del Estado, López Desimoni olvidó que ECO+Cambiemos (alianza política a la que responde) viene difiriendo la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento manteniendo en rigor la Ley 2.945 del 15 de marzo de 1971, legislación que viene siendo cuestionada por jurisconsultos de renombre que la califican de inconstitucional. “Tenemos una legislación que quizá deba ser revisada y debemos tener un Poder Judicial que actúe en consecuencia”, dijo. Le faltó acordarse de que por tal desfasaje, en 2018 el Poder Judicial, vía acordada del Superior Tribunal de Justicia, elaboró un protocolo de procedimiento en casos de flagrancia, también puesto en duda por no haber sido elaborado mediante legislación.s