Consejeros mantienen la citación a Soto Dávila, pese a que dimitió de su cargo

Los integrantes del Consejo de la Magistratura están expectantes respecto de la determinación que tomará el Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la renuncia presentada por el juez federal correntino Carlos Vicente Soto Dávila. La Comisión de Disciplina lo citó este 26 de febrero a las 10 para que ejerza su derecho a defensa con relación a las denuncias de hechos de corrupción en la judicatura a su cargo y por las que el juez federal porteño Sergio Torres, lo procesó al considerarlo como el supuesto líder de una organización criminal. Los integrantes del órgano constitucional que designa y destituye magistrados federales tienen aún previsto hacerle una serie de preguntas en relación a los hechos que se le imputaron y la audiencia sigue en pie, pese a que presentó su renuncia el viernes ante el Ministerio de Justicia de la Nación. En la nota entregada a Juan Bautista Mahíques, subsecretario de Justicia de la Nación, Carlos Vicente Soto Dávila fundamentó su dimisión en “cuestiones personales”, sin especificar cuáles son esos inconvenientes que lo llevaron a decidir apartarse del cargo que ejerce desde el 7 de noviembre de 1996. El magistrado acercó personalmente la carta de renuncia al funcionario que promovió su desafuero ante el Consejo de la Magistratura, ya que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, según indicaron desde su entorno. El funcionario judicial formalizó así la dimisión con el fin de que los funcionarios de ese ministerio comuniquen la decisión al presidente Mauricio Macri. Será el titular del Poder Ejecutivo quien decidirá si el magistrado deberá abandonar el cargo, por lo que -hasta que eso ocurra- Soto Dávila continuará en funciones y en consecuencia, deberá someterse al proceso de evaluación del Consejo de la Magistratura. En ese organismo Pablo Tonelli, diputado del PRO, fue oportunamente designado consejero informante en el expediente que se inició en primer término, y fue quien estudió todas las acusaciones que le pesan al juez correntino. Como consecuencia de estas imputaciones, Soto Dávila fue procesado en diciembre pasado por su par porteño, Sergio Torres, quien lo vinculó con una causa por supuestas coimas a narcotraficantes y le imputó el rol de promotor de una organización ilícita conformada además por abogados y dos secretarios de su estrado. En este procesamiento el magistrado titular del Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dictó la prisión preventiva, pero el juez gozaba de inmunidad de arresto y también les fijó embargos a todos los involucrados en la causa por cobro de dádivas. Tras esto, el caso fue derivado al Consejo de la Magistratura, donde el 26 de febrero se debería realizar una audiencia de interpelación a cargo de la Comisión de Disciplina.

Esta audiencia deter­minaría la suspensión del juez, paso previo al ini­cio del proceso de Jury de enjuiciamiento. Si bien el magistrado evitó expresar en su carta de renuncia las razones específicas que lo llevaron a dimitir, es sa­bido que la presión que le generaron las acusaciones en su contra lo abrumaron. Desde su círculo familiar sostienen que los acusa­dores “atentaron contra su profesión mediante calum­nias e injurias hasta provo­carle problemas de salud, ya siendo un hombre de 71 años”.
LEY DE SUBROGANCIAS
De cesar en el cargo, el lu­gar de Soto Dávila en el juz­gado debería ser subrogado según el procedimiento que indica la Ley 27.439. Esta normativa indica que “en caso de licencia, suspen­sión, vacancia, remoción u otro impedimento de los jueces de primera instancia de cualquier fuero o juris­dicción, la Cámara respec­tiva procederá a la designa­ción de un juez subrogante dentro de los tres días de ocurrida la causa que moti­vara la subrogancia”.
El puesto vacante por la dimisión o destitución de un juez federal debería ser cubierto por “un miem­bro de un tribunal de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción territorial y de competencia similar”. Se­gún esto, de ser aceptada la renuncia de Carlos Soto Dá­vila será el magistrado Juan Carlos Vallejos quien po­dría hacerse cargo de am­bas judicaturas hasta tanto se designe otro funcionario.
Pero la normativa tam­bién prevé soluciones ante la posibilidad que existan inconvenientes para asumir esa responsabilidad. Indica que “cuando no fuere posi­ble (cubrir el cargo con un juez de la misma juris­dicción), con un miembro de un tribunal de la ju­risdicción territorial más próxima, con excepción de aquellos jueces que re­gistren atrasos significa­tivos en las causas a car­go”. En este caso podría -excepcionalmente- su­plir la falta un magistrado federal de Resistencia, por la proximidad.
Según una resolución de la Corte Suprema, también podría subrogar en el cargo un juez federal que esté designado como tal, pero sin cargo desig­nado, o bien -como la nor­mativa también indica- por un conjuez integrante de la lista confeccionada por el Consejo de la Magistratu­ra y “la Cámara respectiva dará preeminencia a aque­llos conjueces que residan en la jurisdicción territorial del juzgado de que se trate”.
En todos los casos el ma­gistrado que tome la subro­gancia deberá administrar todas las secretarías que dependan del juzgado fede­ral puesto a su cargo sin po­sibilidad de enviar causas originadas en su jurisdic­ción a otra magistratura.s