Funcionarios que montaron una industria de la impunidad

“Las investigaciones que se llevan adelante en Corrientes son con la colaboración del Ministerio Público, pero las causas vienen de otras jurisdicciones e intervienen funcionarios de otras provincias”. La aclaración es de un funcionario judicial que interviene en las investigaciones de supuestos hechos de corrupción en un juzgado federal correntino, donde su titular está acusado de cobrar coimas para liberar a detenidos por el delito de narcotráfico. En las averiguaciones intervienen funcionarios de la Procuración de la Narcocriminalidad, oficina dirigida por el fiscal Diego Iglesias y dependiente de la Procuración General de la Nación. El inicio de las investigaciones de las posibles conexiones entre organizaciones criminales y funcionarios judiciales que garantizaban la liberación de aquellos, surgen de indicios de la causa 3002/2017 llevada adelante por el juez federal Sergio Torres, titular del Juzgado Federal 12 de la ciudad de Buenos Aires, quien investigaba la existencia de grupos criminales instalados en Corrientes y que abastecían de drogas a grupos delictivos de su jurisdicción. Lo que inició con el descubrimiento de tres grupos delictivos, encabezados por Federico Sebastián Marín, Carlos Bareiro y el actualmente prófugo Luis Saucedo, que trasladaban hasta 15 toneladas de marihuana por semana a siete provincias, desembocó en un complejo entramado de favores, connivencia policial, y un aceitado mecanismo para el cobro de coimas para garantizar la libertad de personas detenidas en el marco de causas por narcotráfico. Pero también surgieron posibles casos de extorsión a sospechosos prófugos que debían abonar fuertes sumas para que liberen a familiares detenidos, a quienes se les habría “armado” causas justamente para el cobro de estas dádivas. Desde el punto de vista de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, en Corrientes se montó “una industria de la impunidad”. En la denuncia presentada al juez Sergio Torres los funcionarios de la Procunar y de las fiscalías federales de Corrientes explicaron “cómo los funcionarios a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, tergiversaron el propósito legítimo de esa magistratura y la convirtieron en un redituable centro de operaciones orientado a garantizar al menos desde el año 2010 a la fecha, la impunidad de diversas organizaciones narcocriminales transnacionales, a cambio de importantes sumas de dinero”. El mecanismo para montar esta “industria de protección” habría sido la simulación del desarrollo de causas judiciales “disimulada bajo el andamiaje de un correcto proceso penal en el marco del cual se hacía una ficticia alusión a normas legales”. En ese contexto “los funcionarios judiciales fueron construyendo una aceitada sociedad con un grupo de abogados de la matrícula correntina, quienes se posicionaron como intermediarios entre la judicatura y las bandas narco”. Así, los abogados solicitaban una suma de dinero a sus clientes garantizándoles la libertad, sumas que, según la acusación, eran entregadas finalmente a los funcionarios judiciales. El juez Sergio Torres consideró estas acusaciones como probadas y coincidió con los fiscales en que “los narcos abonaron una cantidad de dinero y los funcionarios judiciales los retribuyeron con beneficios procesales, mientras que los letrados, al oficiar de intermediarios entre ambas partes, recibieron una porción del botín en cada oportunidad en que hubo trato”. El juez entonces sindicó a Carlos Soto Dávila como el supuesto líder de estas “industria”, en colaboración con sus secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina.