Una definición capital

La Corte Suprema de Justicia falló el martes en favor de un reclamo de la provincia de San Luis para que el Gobierno nacional le devuelva unos 15.000 millones de pesos en fondos coparticipables retenidos. En el mismo sentido, las autoridades santafesinas declararon en las últimas horas que esperan una medida similar, para hacer cumplir la orden de hace tres años.

Resulta claro pues que los reclamos ante el tribunal supremo nacional deben tener un cumplimiento estricto, por la salud de la república y la división de poderes. Pero el Gobierno nacional se esmera en vender buena salud institucional y deja de lado las definiciones relacionadas con lo más básico del país: la relación del estado nacional con los provinciales. En ese marco, la provincia de Corrientes marcó un camino también hace más de diez años, pero que acuerdos políticos llevaron a desistir de esta posibilidad y hoy las denuncias formuladas por el claro incumplimiento de las normas por parte de la Nación quedaron sin efecto. El fallo del máximo tribunal de esta semana, que contó con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, además de significar un revés para la administración que lidera Mauricio Macri, deja entreabierta las puertas para que Santa Fe reciba, en el marco de un reclamo similar, una suma tres veces superior, de unos $45.000 millones. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir en la decisión dado que representó como abogado a la provincia de Santa Fe, justamente, en un conflicto similar, y la jueza Elena Highton de Nolasco no votó. Un reclamo parecido había planteado la provincia de Córdoba, que sin embargo acordó el monto demandado con el Gobierno central, pero tanto San Luis como Santa Fe no lograron llegar a un punto en común con la Casa Rosada, por lo que siguieron adelante con su demanda en estrados judiciales. En este contexto, la Corte efectuó un cálculo económico de cuánto correspondía pagar y le dieron luz verde a San Luis para que cobre unos $15.000 millones en fondos coparticipables que fueron detraídos con destino a la Anses. En su fallo de 12 páginas, el máximo tribunal, de todas maneras, no estableció el modo en el que se debe pagar esa suma ni el plazo, por lo que se prevé que el Gobierno nacional lleve adelante una negociación con la provincia de San Luis, comandada por Alberto Rodríguez Saá. La Corte fijó el número de 15.000 millones de pesos luego de que hayan transcurrido tres años sin que las partes (la Casa Rosada y San Luis) se pusieran de acuerdo. La cuestión se da también en el marco de la desatención que la dirigencia política le da a la relación de los estados, e incumpliendo también el mandato constitucional de elaborar una nueva ley de coparticipación desde hace casi dos décadas. El cumplimento de las definiciones judiciales, las leyes necesarias para la convivencia y políticas de fondo para el crecimiento no forman parte de la agenda política, que de manera consecuente viene analizado coyunturas y activa parches a corto plazo, paliativos para determinadas circunstancias que dejan al futuro librado al azar. Un país pujante, en desarrollo, con justicia y equidad se logra mediante las acciones libradas de egoísmos y miradas parciales. Claro está que hacen falta para ello una generación de políticos que busquen esa impronta, tengan una conducta de entrega al prójimo. La realidad pega, y los encargados de defender a la sociedad también se ponen los guantes del rival.s