Exhortaron a garantizar los derechos de los demorados
El tribunal de alzada dispuso que la policía debe asegurar al detenido el poder comunicarse con un tercero. También debe anoticiar a la Justicia.
La Cámara de Apelaciones de Corrientes exhortó a la Policía de la Provincia a asegurar a cada persona a la que haya demorado el derecho a comunicar a una tercera persona sobre su situación y a ser informado de los motivos de la misma. El requerimiento es parte de la disposiciones que el Tribunal de Alzada adoptó al hacer lugar a un habeas corpus colectivo contra el Código Contravencional (decretos Ley 124/01 y 137/01) y Ley Orgánica Policial (Decreto Ley 33/00, art. 8 inc. t). Según el documento judicial, al que este diario accedió, toda persona que sea privada de su libertad por la autoridad policial en invocación de dichas legislaciones debe tener garantizada la posibilidad de hacer saber de ello y conocer las razones que llevaron al o los agentes a demorarlo. Este requerimiento, junto al de hacer saber de inmediato a la Justicia Correccional de cualquier demora, fue enviado al Ministerio de Seguridad para que lo cumplimente. Ayer el titular de la cartera reunió a los jefes de las comisarías capitalinas y de Riachuelo, pero -al parecer- el tópico del cónclave fue por otro carril (Ver más en página 16). Hasta antes del pronunciamiento de la Cámara, efectuado el pasado 21 de febrero, la Policía de Corrientes contaba con un margen (al menos informal) para tener por un plazo de 24 horas a personas demoradas sin (necesariamente) dar aviso a la autoridad judicial en turno bajo figuras como la averiguación de antecedente, la actitud sospechosa y el merodeo, previstos en las aludidas leyes. De implementarse cada vez que se lleve a cabo un operativo de control de vehículo -que suelen registrar entre 25 y 60 demorados-, se le debería permitir a cada persona una llamada telefónica. En diciembre de 2017 una asociación -conformada por miembros del Comité contra la Tortura, el Colegio de Abogado de Corrientes 1ª Circunscripción y la Red de Derechos Humanos- habían presentado el habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones, el cual fue rechazado. Pero el 20 de diciembre de 2018 un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó a la Cámara rever la acción y dictar un nuevo pronunciamiento acorde a la doctrina. No obstante, la Corte Provincial rechazó el planteo de inconstitucionalidad: Las facultades expresamente enunciadas en la Ley Orgánica de la Policía y Código Contravencional, son las imprescindibles para la prevención del delito.s