Soto Dávila se siente víctima de una trapisonda de cooperativa de fiscales

Carlos Vicente Soto Dávila, despojado ya de la condición de juez federal, que es algo bastante parecido a contar con los dones de un semidios; enfundado en el piyama de los convalecientes, es decir de los mortales, se aprestaba a pasar -el viernes- su primera noche de internación en el Sanatorio Norte cuando su defensor, Gonzalo Díaz Cantón, ensayó una enérgica defensa mediática a través de una radio local. “Van por (el control de) la competencia electoral”, denunció el abogado y dejó entreabierta la puerta para explicar desde el terreno político los pesares que ahora embargan al ex magistrado. Si, más allá de la carátula que lo vincula al narcotráfico, la causa judicial que hizo eyectar a Soto Dávila de la poltrona que ocupó durante más de 20 años se justifica desde la política, la primera pregunta es ¿quién puede estar interesado en manejar el despacho del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes? Respuesta: seguramente muchos, por no decir todos los que tienen alguna apetencia de poder, sin embargo no todos -por más que quieren- tienen la capacidad de ordenar piezas y aprovechar resquicios para hacer tropezar a un Juez Federal, de tan larga trayectoria y fuerte predicamento. Nadie puede permanecer firme tanto tiempo sin haber echado raíces en los lugares más adecuados. Lo que supone que solamente alguien con fortaleza y herramientas suficientes puede talar un árbol tan robusto. No deja de ser extraño, Soto Dávila era catedrático titular en la Unne, militante de la masonería y sibarita de nuestras llanuras, una figura del establishment. Siempre tuvo excelentes vínculos con el poder político, económico y mediático, prueba de ello es que el manto preventivo llega incluso hasta el presente albur. ¿Quién podría pretender su desafectación? La bomba con esquirlas que arrojó su abogado -en declaraciones al programa Dialogando, de Sudamericana- tiene un blanco: la política. Pero no es el único. Díaz Cantón también le apuntó a los fiscales federales, con quien Soto Dávila mantenía una tirante relación. El defensor insistió -sin decirlo abiertamente- con la teoría de la conspiración interna por parte de un grupo de funcionarios que reviste en el Ministerio Público, algo que el mismo Soto Dávila ya había argumentado apenas se conoció el procesamiento que le dictó el juez federal porteño Sergio Torres, quien le imputa la jefatura de una asociación ilícita. “No hay una sola prueba que pueda justificar toda esta locura”, dijo Díaz Cantón y remarcó: “Van por el cargo de juez federal y por la competencia electoral, eso es lo que quieren los fiscales de Corrientes”. No dio nombres. Es llamativo, el control de la competencia electoral que está añadido al amplio abanico de responsabilidades inherentes al cargo de Juez Federal Nº 1 sólo interesa a los hombres con aspiraciones de poder público. Por el momento no hubo reacciones al respecto. No hay que perder de vista que el Gobierno Nacional, encabezado por el macrismo, que es socio del radicalismo correntino, resolvió con velocidad la aceptación de la renuncia de Soto Dávila. En una semana finiquitaron el trámite, ni siquiera hubo que esperar el regreso del presidente Mauricio Macri, su vice Gabriela Michetti se hizo cargo de la firma del decreto que le dio salida despojándolo de la coraza. Ahora viste ropa de enfermo, pero la causa sigue. (L.A.S)s