Una década después ordenan detener a una acusada de explotación

de Corrientes ordenó detener a una mujer que había sido condenada por

trata de personas en 2014, pero que a casi cinco años de ese fallo aún estaba en libertad. En una resolución emitida recientemente, los integrantes del cuerpo judicial ordenaron la búsqueda y privación de la libertad de Ana Mirian López Bravo, quien había sido sentenciada a prisión en el primer juicio realizado en Corrientes por el delito de explotación sexual, proceso que se llevó adelante en 2014. La disposición firmada por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas, establece “la inmediata detención de Ana Mirian López Bravo” a fin de que se cumpla la sentencia establecida cuando fue sindicada como “autora penalmente responsable del delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento o recepción de personas mayores de 18 años con fines de explotación sexual, mediando coerción, agravado por la intervención de tres personas en forma organizada”. La imputada que se domicilia en el barrio 36 Viviendas de la ciudad de Curuzú Cuatiá deberá cumplir la condena después de haber logrado la excarcelación en una primera etapa del juicio.

condena y libertad

Fue en el primer juicio -hubo dos debates por el mismo delito, pero con distintas víctimas- por esta causa en la que estaba imputada López Bravo, junto a su padre, Rafael López Atrio, y la pareja de éste, Elizabet De Ávila. La causa se había iniciado en 2008 a partir de una denuncia realizada en la Fiscalía Federal de Paso de los Libres por parte de dos víctimas de la organización criminal. Las denunciantes son oriundas de la provincia de Misiones. En ese tiempo tenían 18 y 20 años y estaban cautivas en el prostíbulo “Capricho” de la ciudad de Mercedes. Esta denuncia dio origen a una investigación en la que se descubrió que Rafael López Atrio encabezaba una organización que administraba el prostíbulo “Camila” en la ciudad de La Cruz, y el burdel “Capricho”, en Mercedes. Tras haber obtenido esos datos, los grupos especiales de la fuerza de seguridad realizaron en diciembre de 2008, allanamientos en simultáneo en esos locales. En el primero fueron detenidos López Atrio y su pareja, De Ávila. Mientras que en el segundo -en Mercedes- fue arrestada López Bravo. El caso fue llevado a debate oral a puertas cerradas y el 22 de mayo de 2014 el Tribunal Oral Federal dictó una sentencia en la que condenó a Rafael López Atrio a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, al tener como probado que se encargaba de buscar a las jóvenes que luego eran explotadas en los burdeles. En el mismo acto, Elizabet De Ávila y Mirian López Bravo fueron sentenciadas a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Debido a que la pena establecida para Mirian López Atrio era de pocos años, fue beneficiada con la libertad. El mismo criterio no fue aplicado a la otra imputada, ya que estaba involucrada en otra causa. El Ministerio Público pidió la revisión de las penas, y fue así que el representante del Ministerio Público Fiscal apeló el fallo, y en julio de 2015 la Cámara de Casación Penal ordenó que el Tribunal Oral Federal fije una nueva pena y que considere los agravantes del delito. De esta manera, la pena de López Atrio aumentó a seis años de prisión -en lugar de cuatro y medio-, mientras que las condenas a De Ávila y Mirian López Bravo aumentaron a cinco y cuatro años, respectivamente. Pero la defensa de López Bravo volvió a insistir en una apelación en la que se oponía al incremento de la pena y solicitaba la libertad de la misma, lo que fue rechazado en la Cámara de Apelaciones y en la Cámara de Casación. Por ello elevaron una queja para intentar, en último recurso, aminorar la pena. Pero este recurso de queja fue rechazado y fue por ello que se ordenó la detención de la imputada para que, finalmente, cumpla la pena del delito cometido hace una década.s