Policías molestos con la Justicia por liberación de un delincuente
Un Comisario expresó que sus subordinados están con el ánimo decaído. Habían atrapado a un conocido ladrón y enseguida quedó en libertad.
La célere excarcelación de un hombre, que acumula en su haber varios
ingresos a comisarías por hechos delictivos contra la propiedad privada, suscitó ayer el enojo del personal policial que días atrás había logrado capturarlo tras arduas tareas investigativas. El encargado de hacer saber ese descontento fue su jefe: el comisario mayor Marcos Daniel Toledo, responsable de la División Antiarrebatos (área creada a principios del 2018 para combatir esa modalidad delictiva en auge en la Capital). Empero, el reproche podría interpretarse tan sólo como un nuevo capítulo de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que tanto a nivel nacional como provincial viene acrecentándose desde el verano. El personal a mi cargo está caído anímicamente, pero ya les dije que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lamentó ayer Toledo al dar a conocer la situación a través de una emisora radial. Según la autoridad policial, el sujeto -identificado como Gerardo Mochila López- fue liberado por disposición del juzgado en turno sólo horas después de que sus subordinados lo hubieran aprehendido. Era muy buscado. En su momento la Policía puso cuatro hombres especialmente destinados a encontrarlo y no se pudo, pero lo detuvimos gracias a la División Antiarrebatos. Ahora nos sorprendió su libertad: lo que nos indicaba el sistema de averiguación de antecedentes es que tenía muchas causas pero desconocemos la situación en cada juzgado, dijo Toledo en declaraciones a Radio Dos. El funcionario expuso: Nosotros cumplimos en ponerlo entre rejas. Mis agentes hasta pusieron en peligro sus vidas y todo terminó de esta manera. Me estoy ocupando de la parte anímica de mi personal, porque están caídos por esta resolución, pero no nos queda otra que aceptar la decisión judicial y seguir trabajando.
Choque de poderes
Este caso se suma a una serie de sucesos y declaraciones que desde principios de 2019 se vienen dando tanto en la provincia de Corrientes como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene sede el Gobierno Nacional. Todas atravesadas por la crítica al Poder Judicial por la liberación de delincuentes. La Policía hace su trabajo, y muchas veces los detienen (a los arrebatadores), y a partir de ahí quedan a disposición de la Justicia, que resuelve su situación procesal, había dicho el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, el 1 de febrero pasado. Sus dichos resultaban una paráfrasis del tuit hecho por el presidente Mauricio Macri tras las excarcelaciones de dos ladrones extranjeros (un colombiano y un uruguayo) por parte de una jueza porteña: Las fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en las calles, pero con una Justicia así, no hay Policía que alcance. El responsable de la cartera continuó con sus cuestionamientos: Tenemos una legislación que quizá deba ser revisada y debemos tener un Poder Judicial que actúe en consecuencia. Sin embargo, López Desimoni obvió el hecho de que la alianza política de la que es parte (ECO+Cambiemos) tiene mayoría en el Parlamento provincial y aun así no ha actualizado legislaciones como el Código Procesal Penal, el cual quedó desfasado con respecto a la nueva legislación nacional promulgada el mes pasado en vistas a la campaña electoral por la reelección presidencial, la cual tendrá a la Seguridad como eje. Ni siquiera pudo cumplir con la promesa de atrapar a Popi y Caretita, los dos arrebatadores cuyo accionar había motivado sus dichos. s