Operativo Sapucay: piden que liberen a imputados, a dos años de las detenciones

Letrados que representan a tres imputados en la causa del Operativo Sapucay, en la que se investigan actividades de narcotráfico en Itatí, solicitaron el cese de la prisión preventiva de sus defendidos, a dos años de haber sido detenidos. El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se debe juzgar a los 32 involucrados en la investigación llevada adelante por la Procuración de la Narcocriminalidad, oficina a cargo del fiscal Diego Iglesias.

Los profesionales del derecho fundamentan que la normativa establece que las prisiones preventivas sólo pueden extenderse durante dos años, es decir que los acusados pueden estar presos sin juicio durante ese tiempo. La misma ley fija condiciones para que el juez establezca una prórroga de hasta un año a esa condición de privación de libertad, según fundamentan. Estos abogados que intervienen en la causa 3002/2017, que fue instruida por el titular del Juzgado Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defienden a imputados por el supuesto tráfico de unas 15 toneladas de marihuana por semana desde la localidad correntina de Itatí con el supuesto amparo de las autoridades políticas, de las fuerzas de seguridad y hasta judiciales. Las presentaciones realizadas en las últimas horas son para pedir el cese de prisión de Natividad Terán -ex intendente de esa localidad ubicada a 80 kilómetros al norte de la ciudad Capital- y de Alejandro Gayoso, Silvina Ayala y Angélica Saucedo, en prisión desde el 14 de marzo de 2017. Ellos fueron procesados por los delitos de “asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de 18 años de edad”, y aguardan que se fije la fecha de juicio. El abogado Roberto Herrera, quien representa a Natividad Terán, dijo tras la presentación del pedido de libertad que “la solicitud se fundamenta en lo que establece el Código Procesal y los tratados de Derechos Humanos que tienen rango constitucional en nuestro país”. En su escrito el letrado recordó que “la ley fija categóricamente el plazo máximo posible de duración del encarcelamiento preventivo”. En este contexto hizo referencia a la Ley 24.390 que establece los plazos para sostener la privación de la libertad de los imputados. La misma especifica que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años”. En tanto, el abogado Jorge Adrián Barboza quien representa a Alejandro Gayoso, Silvina Ayala y Angélica Saucedo bregó porque el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fije una fecha para el debate oral y público. Desde su punto de vista “solicitar el cese de prisión es dilatar la situación, porque el objetivo es que se ponga la fecha de debate o que se prorrogue la prisión preventiva por un año, como lo indica la normativa”. El letrado recordó que el juez Sergio Torres había elevado la causa a juicio y que se habían confirmado los procesamientos. Luego de un conflicto de competencias, finalmente la causa fue enviada al Tribunal Oral Federal 3 donde se debe llevar adelante el debate.

Operativo histÓrico

El 14 de marzo de 2017, el juez porteño Sergio Torres ordenó realizar 44 allanamientos en una acción denominada Operativo Sapucay. Lo que investigaba el magistrado es cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo de la Ciudad de Buenos Aires y así llegó a dar con una cadena de distribución y venta de marihuana. En ese contexto, uno de los testigos de identidad protegida identificó a tres organizaciones criminales que trasladaban hasta 15 toneladas de marihuana desde Itatí a siete provincias y a la capital del país. Una vez identificados los responsables de esas acciones ilícitas, el juez ordenó la movilización de más de 600 gendarmes y dispuso la detención de individuos, como también la identificación de otros 12 cómplices. En la madrugada del 14 de marzo los grupos operacionales de Gendarmería Nacional allanaron inmuebles en las provincias de Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y Chaco. En ese operativo detuvieron al intendente, Natividad Terán; el vice, Fabio Aquino; el comisario, Diego Ocampo Alvarenga; y los efectivos de la Policía Federal, Rubén Ferreyra y Víctor López; y el gendarme Gabriel Alcaraz, todos ellos acusados de supuestamente brindar protección a los narcotraficantes. En la oportunidad también fue imputado Carlos Bareiro, alias “Cachito”, quien estaba detenido en la Unidad Penal 7 de Resistencia por una causa de falsificación de documentos, pero en el marco de la causa de narcotráfico se lo sindicó como uno de los líderes de las organizaciones criminales. También fue señalado como jefe de otra banda Federico Sebastián “Morenita” Marín, detenido el 12 de octubre de 2018; y también se ordenó la prisión de Luis Saucedo, alias “El Gordo”, un empleado municipal que supuestamente tiene vínculos con los proveedores de la droga en Paraguay y que está prófugo.s