Corrupción en la memoria

Mauricio Macri está en campaña, no es novedad, el Presidente va por su reelección. Se nota que cada vez juega más fuerte y la pregunta es ¿hasta dónde piensa llegar? Este fin de semana sorprendió en una entrevista televisiva con una confesión que causó estupor, dijo que su padre cometió delito porque “era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar”. Se refería a las coimas, que aparentemente eran moneda corriente en la anterior gestión y que son motivo de investigación judicial. Como se sabe hay una ristra de ex funcionarios y empresarios salpicados por este escándalo y si bien la lupa no había llegado hasta Franco Macri, el papá del Presidente, su hijo lo metió en la bolsa, pero el hombre ya no está para defenderse: murió hace menos de tres semanas.

La imputación televisiva que el Presidente hizo de su padre suena a propaganda proselitista. Y constituye además una deslealtad vergonzante, no porque ponga en duda la honestidad del empresario Franco Macri ya que ciertamente había motivos para cuestionarlo sino porque el escrache mediático proviene de su hijo que esperó hasta después de su entierro para hacer un reconocimiento que claramente llega a destiempo. Hay mucho de actuación en la afirmación compungida -y tardía- del jefe de Estado. ¿Tendrá rédito electoral esta suerte de felonía? Y, por otra parte, esto obliga a repetir la pregunta ¿hasta dónde piensa llegar el Presidente en campaña? Hubiese sido más productivo en términos institucionales, y también más digno y creíble, que Mauricio Macri formulara este reconocimiento mucho antes, apenas llegó a la Casa Rosada. Esta situación empuja a reflexionar sobre la calidad de la batalla que ha dado Cambiemos, en estos casi cuatro años de gestión, en el saneamiento del sistema para evitar que se replique el modelo de corrupción entre el Estado y las empresas que -dicen- imperó en el pasado. Es decir hasta qué punto Macri (hijo) limpió la corrupción de la que, según confesó, fue partícipe Macri (padre). Menudo dilema. A propósito viene bien refrescar algunos datos, la ley de Responsabilidad Penal Empresaria entró en vigencia en marzo de 2018, hace un año. Antes, durmió un año en el despacho del Presidente a la espera de su reglamentación. Se publicó en el Boletín Oficial en diciembre de 2017 y hasta la fecha avanzó más en los preparativos que en la acción. La gran novedad se produjo en octubre con la emisión de los lineamientos para el mejor cumplimiento y diseño del programa de integridad, documento emitido por la Oficina Anticorrupción, a quien se le delegó la tarea de ser la autoridad de aplicación. “El programa de integridad anticorrupción, en cierta forma, es el ‘core’ de la ley, ya que con su adecuada implementación -considerando los riesgos propios de cada empresa- se toman acciones concretas para la prevención de riesgos de corrupción en el ámbito de interacción de la empresa con terceros, oficiales públicos y organismos de contralor y personal interno”, explicó el especialista Mariano J. Fernández. Durante el 2018 las obras con participación público-privada (PPP) fueron las pioneras en exigir que el interesado acredite la existencia de un programa de integridad y luego siguieron otros organismos, pero cada uno de una manera diferente. Hay que tener presente que aún no existe persona jurídica que haya sido juzgada por los hechos de corrupción mencionados en la ley, ya que esta entró en vigencia el 1 de marzo de 2018 y los hechos actualmente investigados son anteriores a esta fecha. Uno de los desafíos que depara el año 2019 es el de poder calcular el “beneficio indebido”, que es justamente el monto de dinero obtenido a través de la corrupción. En esta materia aún hay mucho por hacer, pese a las confesiones de ocasión. s