Confirmaron embargos por $74 millones a letrados acusados de cobrar coimas

La Sala I de la Cámara Criminal y Federal Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó embargos por la suma de $74.000.000 al ex juez Carlos Vicente Soto Dávila, a sus ex secretarios penales Pablo Molina y Federico Grau, como también a los abogados Tomás Viglione, Omar Serial, Gregorio Giménez y Duylio Barboza Galeano, quienes son investigados por supuestamente haber intervenido en el cobro de coimas a narcos. La resolución firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirman los embargos a los involucrados en la causa 9886/2018 que es instruida por el juez federal Sergio Torres y el cuestionado fiscal federal porteño Carlos Stornelli. En el escrito los integrantes del Tribunal de Revisión confirmaron el congelamiento de cuentas bancarias y la inmovilización de bienes que están a nombre de los funcionarios y letrados que fueron procesados por el delito de asociación ilícita para el cobro de coimas a personas acusadas de narcotráfico. El fallo confirma lo establecido en primera instancia cuando se fijó el procesamiento de los sospechados de haber montado una “industria de la impunidad”, según lo calificó el Ministerio Público Fiscal a las maniobras investigadas. En la resolución de la Cámara Federal de Casación quedaron firmes los embargos establecidos contra el juez Carlos Vicente Soto Dávila por la suma de $20.000.000; su ex secretario penal, Pablo Molina, por $15.000.000; a Federico Grau, secretario del juzgado federal, por embargado hasta cubrir la suma de $13.000.000. También fueron confirmadas las medidas económicas tomadas hacia los abogados Omar Serial, por $3.000.000; Duylio “Lilo” Barboza Galeano, hasta cubrir la suma de $9.000.000; Gregorio “Pochi” Giménez, por la suma de $8.000.000 y Tomás Viglione por la suma de $6.500.000. Estas medidas se implementan ante la sospecha de ilicitud respecto al origen de esos activos. Puntualmente la hipótesis que se sostuvo es que podría existir la posibilidad de que esos recursos pudieron haber sido producto del cobro de dádivas por parte de narcotraficantes. Estos imputados ya habían accionado contra los resolutorios y en la Cámara de Apelación se ordenó a que sigan presos al tiempo que se les ratificó los embargos. Pero al llegar el caso a la Cámara de Casación, los imputados Duylio Barboza Galeano, Tomás Viglione y Gregorio Giménez obtuvieron sus excarcelaciones, aunque continúan procesados. Mientras tanto, Omar Serial seguirá detenido debido a que se halla procesado en otra causa, la 3002/2017 que también se tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Quien también seguirá detenido es Carlos Vicente Soto Dávila, ex magistrado a quien el juez Sergio Torres procesó “por considerarlo jefe de una asociación ilícita” contexto en el que supuestamente recibió al menos ocho coimas -cohecho pasivo agravado-, y luego cometió supuestamente prevaricato al dictar resoluciones arbitrarias con el fin de beneficiar a sospechosos de narcotráfico. Los secretarios que lo secundaban, Molina y Grau, están acusados de ser “miembros de una asociación ilícita (la dirigida por Soto Dávila), en concurso real con el delito de cohecho pasivo agravado en cinco hechos, en calidad de partícipes necesarios, en concurso ideal con el de prevaricato, en carácter de partícipes necesarios”, dice la resolución. Los abogados Barboza Galeano, Serial, Viglione y Giménez están imputados como supuestos miembros de una asociación ilícita y cohecho activo agravado, es decir, el hacer posible pago de las coimas.

prisionero en su casa

El ex juez Carlos Soto Dávila seguirá en condición de procesado y en prisión domiciliaria. Permanece dentro de su vivienda ubicada en calle Córdoba en pleno microcentro de la Capital correntina, lugar que está fuertemente custodiado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Esta situación se debe a que había presentado problemas de salud luego de que se le notificara del procesamiento y prisión preventiva, pero también a que la normativa le otorga esta condición debido a que tiene más de 65 años. El ex titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes -el único con competencia electoral- aguardará así que la causa llegue a juicio oral y público, pero aún cuando pase el tiempo el delito no prescribiría debido a que los hechos que se le imputa habrían ocurrido cuando ejercía como funcionario público.s