Sapucay: sospechan que Marcelo D’Alessio operó en la investigación

La intromisión del falso abogado Marcelo D’Alessio en causas que eran tramitadas en la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Stornelli, actualmente investigado por supuesto espionaje ilegal, generó suspicacias entre los abogados que intervienen en la causa del Operativo Sapucay en Corrientes debido a que las averiguaciones habían comenzado en Buenos Aires. Sospechan que ambos pudieron haber operado para direccionar la causa con fines políticos. Una de las abogadas que interviene en la causa es Mariana Barbitta, quien representa a Francisco y Corina Noguera, y a Francisco Rachid Neme, y sostiene: “En el expediente se incluyeron declaraciones en las que hay testigos arrepentidos y testigos encubiertos que son efectivos de fuerzas de seguridad, pero no sabemos los orígenes de estas declaraciones y es muy probable que estén vinculadas con la práctica ilegal de D’Alessio”. La letrada -quien además es presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina- fundamentó su punto de vista en una entrevista en la que Marcelo D’Alessio se refirió a las causas por narcotráfico tramitadas en Corrientes. “Existe un video de diciembre de 2018 en el que D’Alessio habló en el canal de televisión TN de Buenos Aires y lo hizo de una manera tan segura que a nosotros nos dio a entender que habría tenido contacto con la causa de antemano, con Stornelli y con una investigación”, sostuvo la abogada defensora a NORTE de Corrientes. “En esa exposición D’Alessio afirmó y habló históricamente de la causa Sapucay, de los allanamientos que hizo Torres, del secuestro de drogas, y esta vinculación nos permite sostener que la causa es nula porque el origen de estas investigaciones están manipuladas por gente de inteligencia”, indicó la letrada. Respecto a esto, el abogado Roberto Herrera, quien representa al ex intendente de Itatí, también se refirió a la posible existencia de actividades ilegales en el marco de la causa judicial por la que está detenido Natividad Terán. Per fue cauteloso y advirtió: “Circulan versiones de que existiría una cámara oculta, pero desconozco esto. Pero pudo haber sucedido, sin embargo habría que ver a quién le hicieron la cámara oculta y cómo pudo haber sido”. Desde el Ministerio Público Fiscal federal de Corrientes desestimaron la existencia de operaciones de inteligencia realizadas por D’Alessio en Itatí. “Las pruebas de la causa surgen de los allanamientos y de los expedientes tramitados en Corrientes”, aclararon. En este sentido remarcaron que “en esta causa se hizo una gran investigación entre varios organismos, sobre todo la Procunar. Si se hubiera visto algo raro, se hubiera denunciado y escrito, porque es un trabajo gigante en el que participó mucha gente” Asimismo, aclararon que tanto la causa en la que se investigó el tráfico de estupefacientes como las demás causas conexas “son de un juzgado de Buenos Aires y en ellas interviene la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar), la causa no la tiene el Ministerio Público de Corrientes”. Es que la causa del Operativo Sapucay lleva el número 3.002/2017 y fue tramitada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación la desarrolló el fiscal Carlos Stornelli, titular de la Fiscalía Federal Nº 4 porteña, junto a la Procunar. La causa judicial tuvo origen en allanamientos a centros de venta de drogas en la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, el juez Torres buscó establecer cómo se abastecían esas organizaciones criminales porteñas y fue así que se descubrió una serie de intermediarios que llegaban hasta a tres organizaciones que traficaban grandes cantidades de marihuana hacia al menos siete provincias y la Capital del país. Por esta causa hay 26 imputados, entre ellos el ex intendente Natividad Terán, el viceintendente Fabio Aquino, sus familiares y hasta funcionarios de fuerzas de seguridad. El proceso judicial avanzó hasta que el juez de Instrucción resolvió “no hacer lugar a la oposición de elevación a juicio y consecuente solicitud de sobreseimiento” y así dio por culminada la etapa de investigaciones. El expediente fue remitido al Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, pero a más de dos años de los 44 allanamientos y las detenciones, aún queda por establecerse la fecha del juicio oral y público. En estas circunstancias se prorrogó el arresto de los imputados por un año.s