Rodado incautado por la Justicia era utilizado por una banda narco

Un automóvil secuestrado oportunamente por la Justicia que luego había sido sacado en forma irregular de los depósitos del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes volvió a ser detenido en un procedimiento antinarco en la provincia del Chaco. Se trata de un Renault Clio, que fue interceptado en un procedimiento judicial en el que incautaron casi 10 kilogramos de cocaína y ahora el Ministerio Público Fiscal pidió que el juez federal porteño Sergio Torres investigue cómo llegó el rodado a manos de esa banda criminal. El pedido se fundamenta en que ese automóvil pudo haber sido obtenido por la banda narco por medio de procedimientos irregulares efectuados por funcionarios judiciales de la magistratura correntina en connivencia con abogados chaqueños y correntinos. Este vehículo fue hallado durante un operativo interfuerzas en el que intervinieron policías chaqueños y correntinos, y también efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina. Fue el 31 de agosto de 2017, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger, de la provincia del Chaco, ordenó realizar una docena de allanamientos en aquella provincia y en la ciudad de Corrientes en el marco de una causa por tráfico y venta de marihuana y cocaína. En ese marco, los agentes incautaron un Renault Clio que se hallaba en una vivienda que funcionaba como un laboratorio en el que estiraban cocaína y que estaba instalado en el barrio Güemes II de la ciudad de Corrientes. Esa casa está emplazada en el Sector 7 de la barriada distante a unos 4 kilómetros del microcentro, donde incautaron 9 ladrillos de cocaína prensada que pesaron en total 9.727 gramos, $96.580, celulares, ampollas cargadas con químicos, botellas con diluyentes, jeringas y agujas, ollas con restos de cocaína, hornos y anotaciones. Lo que llamó la atención es que, al realizar el control de documentos del automóvil, se descubrió que ya había sido incautado en el contexto de una causa por narcotráfico. El rodado estaba en una concesionaria de vehículos que funcionaba en la ciudad de Posadas. Se trata de la empresa RR Vip que era administrada por Roberto Rodríguez, quien fue condenado a 13 años de prisión por haber integrado una red de narcotráfico y haber lavado el dinero obtenido por medio de la venta de automóviles de lujo. Esa causa fue activada en el año 2012 y fue llevada adelante por el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, desde donde se ordenó a secuestrar todos los automóviles que había en la firma.

Imputados

Cuando fue juzgado por narcotráfico, Roberto Rodríguez, un empresario posadeño encausado por el Juzgado Federal de Corrientes, asumió su responsabilidad por los hechos que se le imputó pero dijo: “Lo que quiero saber es qué pasó con los autos que me incautaron. Quiero saber qué pasó con mis cosas, porque a mí me sacaron todo”. Apuntó así directamente contra el Juzgado Federal 1 de Corrientes y abonó así la hipótesis del Ministerio Público Fiscal respecto a un mecanismo de triangulación para poner en circulación en forma irregular los bienes que habían sido incautados a sospechosos de crímenes graves. tuvieron como caso testigo la entrega de un automóvil Mercedes Benz hallado en la concesionaria RR Vip -propiedad de Rodríguez- pero se sospecha que podrían existir otros casos. Es por ello que los fiscales federales de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer y Flavio Adrián Ferrini solicitaron al juez Sergio Torres que considere la conexidad de hechos entre la acusación que pesa sobre Soto Dávila por supuesta organización de un mecanismo para el cobro de coimas y la posible entrega irregular de vehículos incautados. Luego pidieron al titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, que se inhiba de la causa en la que se investigan los presuntos delitos de “Falsedad Ideológica, cohecho y estafa procesal” que involucran al juez, colaboradores y abogados. Se trata de la causa 5.262/2016 en la que, según los datos obtenidos por los fiscales, “se les atribuye a Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Molina y Zacarías Issolio, la conformación de una estructura criminal organizada y coordinada por estos dos últimos en forma conjunta y alternada con al menos los abogados Duylio Barboza Galeano, Noelia Agnello, Gastón Chapo, Roni Tunik, y los ciudadanos Renzo Meucci y Víctor Fernández sostenida en el tiempo y con habitualidad a través de la cual se habrían sustraído diversos bienes secuestrados en el marco de causas tramitadas en el Juzgado Federal 1 de Corrientes”. Los fiscales dicen que “estas personas luego convirtieron, transfirieron, administraron, gravaron y pusieron en circulación estos bienes, procurando darle apariencia de ilicitud”. El pasado 21 de marzo el juez Juan Carlos Vallejos consideró el pedido de los fiscales correntinos y consideró la relación directa entre la entrega de rodados que estaban en el Juzgado Federal 1 con el uso de estos autos para traficar drogas.s