Investigan el destino de una treintena de automóviles que fueron secuestrados

El juez Sergio Torres solicitó todos los documentos del Juzgado Federal 1 de Corrientes relacionados con la entrega de automóviles que estaban a disposición del ahora ex juez Carlos Vicente Soto Dávila y de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau. Lo que busca determinar el magistrado porteño es si estos, además de cobrar coimas para liberar narcos, también vendían, por medio de terceros los rodados que estaban a resguardo judicial por estar vinculados a maniobras de narcotráfico o lavado de activos. El magistrado obtendrá los documentos en breve, después de que Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes decidió inhibirse en la causa por los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento por los que se abrió la causa Nº 9886/18. “Serían al menos 27 automóviles los que habrían sido objeto de estas maniobras. Tenemos tres casos testigos probados pero pueden ser aún más de los que están en estudio actualmente”, sostuvo una alta fuente judicial que interviene en las averiguaciones de las posibles irregularidades que se habrían cometido en la magistratura correntina. Según el expediente, la sospecha de entrega irregular de rodados surge de “la existencia de circunstancias sobrevinientes y de diversos elementos de prueba que permitieron vincular la presente causa -9.886/18- con el accionar de una organización criminal en la que estarían involucrados Carlos Vicente Soto Dávila en su calidad de juez Federal Nro. 1 de Corrientes; Pablo Carlos Molina (titular de la Secretaría Penal) y Zacarías Issolio (agente de la Secretaría 2), de ese juzgado, conformando una estructura criminal, organizada y coordinada por estos dos últimos, en forma conjunta y alternada con los abogados de la matrícula Duylio Barboza Galeano, Noelia Agnello, Gastón Federico Chapo, Roni Tunik y los ciudadanos Renzo Meucci, Víctor Fernández”.

concesionaria allanada

Las sospechas de venta de rodados surgen a partir de la incautación de automóviles de alta gama de la concesionaria RR Vip, de Posadas, Misiones, por orden del juez federal Carlos Soto Dávila. Este investigaba al dueño de esta empresa, Roberto Rodríguez por lavado de activos del narcotráfico por medio de esa firma automotriz. Posteriormente a esto, el fiscal Flavio Ferrini descubrió que desde el juzgado se intentaba reintegrar un automóvil Mercedes Benz 997-C250 a un tercero y fue así que se descubrió que para la maniobra se habían falsificado documentos. Esta averiguación dio lugar al descubrimiento de otros hechos. También se descubrió la entrega de una camioneta Toyota Hilux en condiciones de dudosa legalidad. Y otro hecho fue considerado de suma gravedad, ya que uno de los automóviles que figuraba en la nómina de bienes incautados fue encontrado en manos de un veterinario que había montado en su casa un laboratorio de cocaína y que desde allí abastecía a organizaciones de la ciudad de Resistencia. El hallazgo del auto fue en un operativo en el que incautaron más de 10 kilogramos de cocaína. Lo que se sospecha es que un grupo de abogados -entre los que se halla el hijo de una camarista federal del Chaco- presentaban solicitudes de devolución de los rodados incautados arguyendo que supuestamente esos autos fueron comprados de buena fe por sus clientes antes de que sean incautados. Para ello se falsificarían documentos. Los secretarios daban lugar a esto y el juez ordenaba la entrega. s