Sapucay se alimenta de nuevas escuchas

Los análisis de las intervenciones telefónicas de la causa del Operativo Sapucay fueron claves para determinar las complicidades de abogados, funcionarios judiciales y ex políticos para garantizar la continuidad de las actividades de tráfico de estupefacientes en la provincia de Corrientes y dieron origen a causas conexas en las que están imputados el ex juez Carlos Soto Dávila y sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau. Estos están sospechados de cobrar coimas pero también de espiar las conversaciones de personas que no estaban involucradas en causas judiciales en trámite. Esto es lo que derivó -el jueves pasado- en un allanamiento realizado en las oficinas del Juzgado Federal Nº 1 que estuvo administrado desde 1996 por Soto Dávila. “Se trata de un allanamiento para la búsqueda de expedientes, CD y oficios oficiales donde se habrían ordenado escuchas ilegales a personas -en principio- no involucradas en causa penal alguna”, sostuvieron fuentes oficiales a NORTE de Corrientes. Estos registros de voces se habrían detectado en el contexto de un allanamiento anterior en el que se hallaron cajas con discos compactos con grabaciones de las escuchas telefónicas. Con este material se amplió la investigación llevada adelante por la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar), el juez federal porteño Sergio Torres -titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con la colaboración del Ministerio Público Fiscal Federal de la ciudad de Corrientes. En ese marco se identificó que en la magistratura correntina había un sumario judicial y que se había dispuesto la intervención de líneas telefónicas por un año y medio, pero, sin embargo, en el expediente aparecían escasas transcripciones. Ante esa situación se conformó un equipo con agentes de la Gendarmería Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y del Ministerio de Seguridad de la Nación, para la escucha y desgravación de discos compactos con comunicaciones telefónicas. Esa labor también contó con la asistencia de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. Como resultado de esto se constató la conexidad de las múltiples investigaciones, y el contenido de los contactos telefónicos sentó las bases que sustentaron, luego, la identificación de los imputados en la cadena de responsabilidades. El análisis y cruce del contenido de las llamadas telefónicas permitió profundizar el complejo funcionamiento de la banda criminal desde una perspectiva integral y unificada. Su actividad ininterrumpida por al menos cinco años y la cantidad de procedimientos en la zona aledaña a Itatí constituyeron elementos que fortalecieron la hipótesis respecto de la existencia de una “red de protección” en torno a la organización. Esa red estaría integrada por funcionarios de diversas fuerzas de seguridad y personalidades de la política local, un comisario de la Policía provincial y miembros de la delegación de la Policía Federal Argentina. En 2018, estas comunicaciones permitieron descubrir la conexión de abogados defensores y un ex intendente de la localidad de Empedrado, en las que se negociaba dinero a cambio de asegurar la libertad de personas investigadas por actividades narcocriminales.s