Remisero fue condenado a una década de reclusión, por explotación sexual

Un conductor de remises, devenido en proxeneta, fue condenado a una década de prisión por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, quien lo halló responsable de una organización que explotaba sexualmente a mujeres y menores de edad en cabañas de pesca de la localidades de Itá Ibaté y de Paso de la Patria. El condenado, Ramón Argentino González, fue hallado responsable del delito de trata de personas agravado por la vulnerabilidad de la víctima y por tratarse de menores de edad, y también se dispuso que abone los costos generados por el proceso judicial. El hombre fue detenido en julio de 2017, en un allanamiento en el que rescataron a las víctimas. Llegó a juicio privado de la libertad y los magistrados rechazaron en la última jornada del juicio el pedido de excarcelación tramitado por la defensa, por lo que ahora deberá hacer efectiva la pena y continuar encarcelado. La sentencia se dictó en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal, en el que se le señaló a González como responsable de la explotación de al menos 15 mujeres de la ciudad de Corrientes, que eran obligadas a prostituirse en hosterías de Paso de la Patria y de la capital correntina donde se alojaban “pescadores” extranjeros. “De las escuchas telefónicas surge claramente cómo el imputado era parte de una organización formada para lograr la explotación sexual de mujeres y percibir rédito económico”, alegó en el juicio el fiscal, Carlos Adolfo Schaefer, ante el Tribunal. El representante de la parte acusadora había pedido 12 años de prisión para el imputado, pero los magistrados finalmente fijaron una sentencia de una década, en un debate finalizado ayer en la capital correntina.

menores prostituidas

El acusado fue sindicado como quien regenteaba grupos de mujeres a las que supuestamente ofrecía a dueños de hosterías y cabañas para que esos servicios sexuales sean incluidos en la oferta de los alojamientos a los turistas. Para ello contaba con la colaboración de conductores de remises, a quienes les abonaba importantes sumas para que trasladaran a las víctimas hasta el lugar donde se hallaban los clientes. Según se expuso en el debate, entre las mujeres había menores que eran prostituidas, y que González retenía el dinero que los clientes abonaban. En el juicio quedó probado -además- que “al menos 4 mujeres fueron iniciadas en el circuito prostibulario por González”, y que al menos una de ellas era menor de edad. Esto surge de una comunicación en la que el acusado dialoga con uno de los clientes a quien ofrece: “Una nuevita de 17 años, delgada y hermosa. Sale $2.000”. Para los acusadores, según estas pruebas, “el imputado ofrecía víctimas entre las cuales se hallaban menores de edad, estableciendo un precio y detallando las características de cada una de ellas, cosificando así a las víctimas del delito de trata de personas”. Por estas intervenciones González retenía la mitad de lo que abonaba cada cliente, por lo que obtenía un rédito económico. El hombre manejaba un grupo de entre 15 y 18 mujeres, que realizaban hasta dos servicios sexuales por noche. Por esto, González obtenía hasta $36.000 en una jornada. Las maniobras se desplegaban tanto en la ciudad de Paso de la Patria como en Itá Ibaté y la capital provincial. En la ciudad de Corrientes se habría explotado casi exclusivamente a menores de edad, debido a que de esta forma la organización evitaba los controles viales permanentes existentes en la Ruta nacional 12.

HosterÍa falsa

La organización, liderada por Ramón Argentino González, fue desarticulada tras un operativo en el que la Prefectura rescató a cinco víctimas de trata de personas, las que eran explotadas sexualmente en una cabaña de la localidad turística de Paso de la Patria, en julio de 2017, durante un operativo bautizado como “Falsa hostería”. Ese día los efectivos llegaron cerca de las 20, en la cabaña “Brisas del Paraná”, ubicada en el centro de la villa turística ubicada a 30 kilómetros de la capital correntina. La fuerza de seguridad informó -en aquel momento- que en el procedimiento incautaron 230 mil pesos, un vehículo, un teléfono y documentaciones. En ese contexto detuvieron a González e incautaron su vehículo y el teléfono celular con el que hacía los contactos. Tras esto, las víctimas recibieron la contención de profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, quienes colaboraron para que pudieran declarar y brindar datos que serán incluidos en el expediente judicial. En el juicio estas mujeres precisaron que cuando terminaban de concretar los “pases” y las llevaba de vuelta a sus casas, “recién les pagaba a ellas 1.000 o 1.100 pesos y se dejaba para él igual cantidad”. Estas afirmaciones fueron importantes para robustecer la acusación contra González, ahora condenado.s