Otorgaron la excarcelación a dos funcionarios detenidos por cohecho

Una Cámara Federal de Apelaciones otorgó la ex­carcelación a Pablo Molina, ex titular de la Secretaría Penal Nº 1 del Juzgado Fe­deral 1 de Corrientes, luego de haber estado detenido por supuestas maniobras de cobro de coimas a narco­traficantes en connivencia con abogados y hasta con el ahora ex magistrado de esa judicatura, Carlos Vicente Soto Dávila.

La misma disposición fue emitida en favor de Federi­co Grau, otro de los secreta­rios judiciales acusados por supuesto cohecho.

En ambos casos se dispu­so la obligación de presen­tarse periódicamente ante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se tramita la causa. Además se les prohibió ausentarse sin previo aviso de sus domici­lios por más de 48 horas, y además ordenaron que se proceda a la retención de los pasaportes y la libera­ción de una orden expresa de prohibición de salir del país.

Ambos funcionarios ju­diciales habían sido apre­sados al ser imputados en la causa 9.886/2018 trami­tada en el juzgado a cargo del magistrado porteño Sergio Torres del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12.

Las resoluciones fueron resultado de las presenta­ciones realizadas por sus abogados defensores ante los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Fueron estos mismos los que el mes pasado confirmaron los em­bargos a los involucrados.

La causa judicial en la que están procesados Moli­na y Grau surge a partir de la declaración de testigos de identidad reservada y escuchas telefónicas en los que surgió información del supuesto cobro de coimas por parte del ex juez Carlos Soto Dávila a imputados por narcotráfico para mejorar la situación procesal de estos. Para concretar esto, supues­tamente habrían interveni­do en las negociaciones los secretarios penales, quie­nes se contactaban con los abogados defensores de los sospechosos por el delito de narcotráfico y acordaban el pago de una suma impor­tante de dinero por parte del sospechoso a cambio de obtener la libertad.

Están sospechados de haber intervenido en ocho operaciones iguales, en las que intervino al menos uno de los dos secretarios de Soto Dávila y según el caso, distintos abogados que también están procesados.

Se trata de Duylio Hora­cio Barboza Galeano, Gre­gorio Humberto Giménez, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos, y Omar Antonio Serial. Todos ellos habían sido detenidos durante un operativo en el que también fue apresado Juan Manuel Faraone, ex intendente de Empedra­do, acusado de haber sido nexo entre los narcos y los funcionarios. También fue procesada la hija de Farao­ne, Agustina, quien es nu­meraria de la Gendarmería Nacional, al igual que su ex pareja, Joselo Borjas, quien también es gendarme. Este último habría sido custodio de Soto Dávila y pudo haber sido nexo entre el funciona­rio judicial y los sospecho­sos de narcotráfico.

CASTIGO FINANCIERO

En el contexto de la cau­sa en la que se investigan las supuestas maniobras de cohecho la Cámara Federal de Casación emitió un fallo en el que quedaron firmes los embargos estableci­dos contra el juez Carlos Vicente Soto Dávila por la suma de $20.000.000; su ex secretario penal, Pablo Molina, por $15.000.000; a Federico Grau por embar­go hasta cubrir la suma de $13.000.000.s

Fuentes extraoficiales dijeron ayer que los defensores de Molina pedirían que investiguen a los fiscales de la causa.

Investigado por hechos irregulares

Uno de los secretarios penales del Juzgado Federal 1 de Corrientes es in­vestigado por tres hechos delictivos supuestamente ejecutados a partir de su rol como funcionario judicial.

Pablo Molina, otrora reconocido como “la mano derecha” de Carlos Soto Dávila, logró que se lo excarcele -previo pago de una fianza- en el mar­co de la causa en la que se le imputa presuntas maniobras para cobrar coi­mas a narcotraficantes por medio de abogados, de un ex intendente y de un gendarme.

Pero también en las últimas sema­nas se solicitó que se lo investigue por la posible utilización de los recursos estatales y de oficios judiciales para espiar los teléfonos de personas que -en principio- carecían de vinculación con causas en proceso.

Otro expediente judicial en el que está involucrado fue instruido por el juez correntino Juan Carlos Vallejos -titular del Juzgado Federal 2 de Co­rrientes- quien recibió elementos del Ministerio Público Fiscal respecto a la posible “venta” de automóviles que habían sido secuestrados a narcotrafi­cantes como también a personas acu­sadas por lavado de activos.

Algunos de estos vehículos -en principio serían 27- fueron incauta­dos en la concesionaria de rodados RR Vip, de Posadas, cuyo dueño, Roberto Rodríguez, fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos. Este, cuando era juzgado había puesto en duda el trabajo de Soto Dávila.s