Tras ser liberado, Molina sigue de cerca una denuncia contra fiscales federales
Una Cámara de Apelaciones ordenó su libertad. Había denunciado a funcionarios del Ministerio Público por el supuesto uso de prueba ilegal.
Pablo Molina, uno de los secretarios judiciales que había sido detenido en Corrientes, está imputado en tres causas judiciales en los que se le endilgan supuestos hechos de corrupción desde su rol de funcionario judicial. Una de estas imputaciones es el cobro de coimas por medio de abogados penalistas para garantizar la liberación de imputados por narcotráfico. En otro expediente se lo sindica como integrante de un grupo que habría falsificado documentos para liberar rodados incautados en el contexto de causas por narcotráfico.
Y la última sospecha hacia él es la supuesta utilización de la estructura estatal para realizar escuchas telefónicas ilegales. En este contexto se analizaron 130.000 mensajes de texto y 52.000 mil que no habían sido incorporados a causas judiciales.
Tras haber sido liberado, Pablo Molina regresa a Corrientes. Fue excarcelado el jueves pasado luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revocara un fallo en el que confirmaban su detención en el contexto de una causa en la que se lo acusa de haber cobrado coimas en su rol de secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.
En libertad espera avances en una denuncia que realizó para que se investigue a los fiscales federales de Corrientes por las acusaciones que realizaron en su contra.
La abogada que lo asiste, Valeria Corbacho, explicó a NORTE de Corrientes que “se trata de una querella en la que Pablo Molina es el único accionante”.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo titular es el juez Ariel Lijo.
Según explicó la abogada, la presentación es porque “para dirigir la acusación contra Molina se hizo una grabación en forma ilegal a un abogado. Lo grabaron sin su consentimiento en una Fiscalía”.
Indicó que la denuncia fue realizada en diciembre pasado. La acción judicial avanzó al incorporarse los argumentos esgrimidos por la defensa, pero “el fiscal de la causa, Ramiro González, se opuso a la continuidad de la investigación”. Es por ello que esta presentación está frenada.
Puntualmente lo que expuso la abogada defensora es que “se advierte que esta denuncia está dirigida directamente al juez (Carlos Soto Dávila) y a sus secretarios (Pablo Molina y Federico Grau)”.
Desde el punto de vista de la defensa, esta circunstancia podría derivar en la nulidad de las investigaciones respecto de las acusaciones por el supuesto cobro de coimas a narcos.
“Grabaron a un abogado sin su consentimiento y se usó eso como prueba”, remarcó la letrada para justificar su denuncia en la que pide que se investigue a los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini.
El abogado grabado sería Omar Serial, el único de los imputados por la causas de coimas que todavía permanece privado de la libertad ya que también está involucrado en otra causa, la 3002/2017 por la que se realizó el mediático Operativo Sapucay en el que fueron apresados además, funcionarios y autoridades gubernamentales de Itatí y que está camino a juicio oral.
En diciembre, cuando hizo la presentación, la abogada había sostenido que para realizar la acusación a los secretarios judiciales además de las supuestas grabaciones “recurrieron a una maniobra que fue utilizar a personas como arrepentidos de dudosa reputación, cuya identidad se conoce porque no surtió efecto de la identidad”, al referirse a las declaraciones de Federico Marín, supuesto narco.s
Dicen que fiscales porteños acusan a secretarios
Una fuente del Ministerio Público Fiscal había explicado a NORTE de Corrientes que los fiscales de Corrientes carecen de vinculación con las causas en la que se investiga a los funcionarios judiciales Pablo Molina, Federico Grau y al ex juez Carlos Soto Dávila, acusados por cobro de coimas a narcos. “Las investigaciones que se llevan adelante en Corrientes son con la colaboración del Ministerio Público, pero las causas vienen de otras jurisdicciones e intervienen funcionarios de otras provincias”.
En éstas interviene la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Carlos Stornelli, que habían presentado la investigación a un Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular es el juez Sergio Torres. En una de las presentaciones, los representantes de la Procunar sostuvieron: “Venimos a aportar serios elementos de cargo que prueban la existencia de una organización criminal integrada tanto por funcionarios judiciales como por abogados defensores que han garantizado a lo largo del tiempo -al menos desde el año 2011 a la fecha- la impunidad de diversas organizaciones narcocriminales que operaron principalmente desde la ciudad de Itatí”. El texto corresponde a un pedido de la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar) para que se investigue posibles cobros de coimas para liberar imputados por narcotráfico, en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.s