Sapucay: insisten en un pedido para que atestigüen políticos

El abogado Roberto He­rrera, quien representa al ex intendente de Itatí, Na­tividad Terán, realizó una presentación para que se revea el rechazo que hizo el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la nómina de testigos presentados para el debate oral y público.

Puntualmente, lo que pretende la defensa es que los dirigentes del Partido Justicialista de Corrientes expliquen ante los jueces cómo se financió la campa­ña electoral en la que Terán fue electo jefe comunal. Es que la acusación que pesa sobre el ex funcionario mu­nicipal indica que -presun­tamente- habría solventado los gastos de las actividades preelectorales con dinero proveniente de negocios ilí­citos.

Respecto a esto, desde el Complejo Penitenciario Fe­deral I -en la localidad bo­naerense de Ezeiza-, Nati­vidad Terán afirmó que para sus actos proselitistas contó con financiamiento del gru­po político, y sostuvo que el abogado que lo defiende in­sistió para que citen a los referentes políticos. “Son compañeros de campaña política, porque se habla de que el narcotráfico me facilitó dinero, pero eso totalmente falso. Noso­tros creamos un grupo de jóvenes para hacer la campaña y con muy po­cos recursos; ni publicidad radial teníamos”, explicó Natividad Terán.

En esa lista de posibles testigos figuran el ex inten­dente capitalino Roberto Fa­bián Ríos, el actual senador Carlos Mauricio Espínola, y los diputados provinciales Martín Barrionuevo y José Ernesto Meixner. Resultará interesante conocer qué de­claran los “compañeros”.

Además Ter’ñan se refi­rió a la actitud que tuvieron los referentes peronistas en relación con su situación procesal. “Si no hubiera in­cursionado en la política, hoy no estaría en este lugar. Tampoco escuché que los políticos que militan en mi partido hayan hecho un es­fuerzo porque esto se acla­re”, afirmó Terán al criticar a quienes pretende llevar como testigos.

Natividad Terán está de­tenido desde el 14 de marzo de 2017, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional allanaron la vivienda de su madre y lo apresaron por orden del titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Co­rreccional 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Torres.

El magistrado instruyó la causa 3002/2017 en la que se investigó el tráfico de to­neladas de marihuana des­de Itatí a siete provincias.

La imputación a Terán surge de las declaraciones de testigos de identidad protegida que habían decla­rado que supuestamente, el ex jefe comunal solventó los gastos de campaña con di­nero del narcotráfico y que luego, desde su cargo, brin­dó protección a las organi­zaciones criminales.

La causa fue elevada a juicio en abril de 2018, pero recién el 8 de abril de 2019 quedó establecido que el próximo 9 de agosto co­menzará la primera jornada del debate oral y público en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de Terán están imputados otros 25 sospe­chosos, entre ellos el vicein­tendente Fabio Aquino y funcionarios de fuerzas de seguridad.s

La causa del Operativo Sapucay finalmente tiene conexidad con 35 expe­dientes judiciales tramita­dos en Corrientes.

NATIVIDAD TERÁN DIJO DESDE LA CÁRCEL QUE NO LE PERMITIERON DEFENDERSE.

Treintena de expedientes y 5.000 escuchas telefónicas

La causa del Operativo Sapucay es una investigación en la que inter­viene la Fiscalía Federal 4 de la Ciu­dad de Buenos Aires, cuyo titular es Carlos Stornelli y que fue tramitada por el juez federal porteño Sergio Torres. En estas investigaciones intervino en forma directa la Pro­curación de la Narcocriminalidad. Las averiguaciones comenzaron luego de que en 2014 se desarticu­laran 9 kioscos de drogas en la Villa Zavaleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de esta causa -4795/2014- fue detenida “La Peque” Robles, líder narco, quien adquiría marihuana de Juan Domin­go Villar.

En esta causa fueron condenados 41 integrantes de una organización narco. Durante el juicio surgieron elementos de la relación de esta organización con las bandas nar­co de Itatí y se logró identificar la existencia de tres grupos dirigidos por Federico “Morenita” Marín -ac­tualmente detenido-, Carlos Barei­ro, privado de la libertad por dos causas distintas, y Luis Saucedo, actualmente prófugo. En esta causa, la 3002//2017, surgieron elementos que derivaron en la imputación a funcionarios de fuerzas de seguri­dad que habrían garantizado la pro­tección a los narcos, como también a las autoridades políticas de la ciu­dad de Itatí, desde donde se organi­zaban los traslados de marihuana a la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias.

En ese contexto, la Procunar ha­bía advertido que los sospechosos de proveer droga a las bandas por­teñas tenían causas iniciadas en Corrientes, y fue cuando se detectó que en uno de los 35 sumarios judi­ciales que se desarrollaban en forma aislada en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, se había dispuesto la in­tervención de 292 líneas telefónicas en un plazo de un año y medio, pero llamativamente, en el expediente obraban muy pocas transcripciones.

Fue entonces que se descubrió que desde esa judicatura se habían ordenado tareas de escuchas tele­fónicas, conversaciones que nunca habían sido transcriptas, y se rea­lizaron allanamientos en los que se hallaron 4.860 discos compactos con comunicaciones telefónicas. Estas intervenciones derivaron en el inicio de otra causa en la que se imputó al juez Carlos Soto Dávila y a los secretarios Pablo Molina y Fede­rico Grau, por el supuesto cobro de coimas a narcos. También existirían intervenciones a personas que -en principio- no tendrían vinculacio­nes con causas judiciales.s