Nadie quiere juzgar a secretarios federales

El caso en el que los jue­ces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Victoria Rojas se excusaron de intervenir se investiga la supuesta ven­ta, por medio de maniobras ilícitas, de automóviles se­cuestrados en una conce­sionaria de la ciudad de Po­sadas que fue utilizada para el lavado de activos.

Es que fueron estos tres jueces quienes habían in­tervenido en el debate oral y público en el que el dueño de esa automotriz, Roberto Rodríguez fue condenado a trece años de prisión.

En ese proceso judicial estos jueces dieron lugar a un pedido realizado por el fiscal federal Carlos Adolfo Schaefer para investigar el destino que se les dio a esos rodados.

“Lo que quiero saber es qué pasó con los autos que me incautaron. Quiero sa­ber qué pasó con mis cosas, porque a mí me sacaron todo”, había dicho Rober­to Rodríguez en el marco del juicio oral y público en el que lo condenaron por supuestamente liderar una banda integrada por su madre, sus ex parejas y sus socios para lavar dinero del narcotráfico por medio de una agencia de automóviles de alta gama.

Para entonces ya estaba en marcha una investiga­ción por supuestas manio­bras ilegales en las que Pa­blo Molina en connivencia de un escribiente y un gru­po de abogados falsifica­ban documentos para sacar vehículos de los depósitos judiciales y entregárselos a terceros, presuntamente, a cambio de una paga.

Estas averiguaciones se profundizaron y ahora, según fuentes cercanas a la investigación, “serían aproximadamente 30 auto­móviles los que fueron sa­cados de ese modo. Uno de ellos, incluso, fue encontra­do en manos de narcotrafi­cantes en un procedimiento de la Gendarmería en el que se encontró más de diez ki­logramos de cocaína”.

Ahora ninguno de los jueces que integran el Tri­bunal Oral Federal está habilitado para dictar reso­luciones en el contexto de causas judiciales en las que está involucrado el secreta­rio del Juzgado Federal 1.

El último en inhibirse fue Víctor Alonso, mientras que la jueza Lucrecia Ro­jas y el magistrado Fermín Ceroleni, antes habían ex­presado estar impedidos de intervenir en planteos rela­cionados con expedientes en los que está involucrado Molina en que habían es­tablecido un trato personal con ellos. Este último fun­damento fue expresado por el juez Ceroleni la semana pasada, cuando desistió de analizar un recurso presen­tado por la defensa de Pablo Molina en el contexto de la causa “Molina, Pablo Car­los por falsedad ideológica, cohecho y estafa procesal”, por la supuesta comercia­lización de vehículos in­cautados. “El magistrado Ceroleni fundamenta como causal de inhibición el trato frecuente que habría man­tenido en ocasión de sus funciones con uno de los imputados de autos princi­pales”, explicaron fuentes judiciales. Desde ahora, cada vez que existan plan­teos en causas relacionadas con Molina, deberían con­vocar a magistrados de otra provincia a fin de comple­tar el tribunal.s