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El vice de San Roque zafó en el Concejo, pero está en la mira del fuero judicial

La bancada de ECO desestimó el juicio político y evitó su suspensión. La vo­tación nominal resultó 4 a 3 favora­ble a la continuidad en el cargo

José Roberto Altamirano continuará ejerciendo como viceintendente de San Ro­que, pese a las denuncias penales en su contra por el cobro indebido de tres suel­dos al mismo tiempo, uno de ellos correspondiente al Congreso de la Nación donde figuraba como asesor del se­nador nacional, Pedro Brai­llard Poccard, quien nunca habló del tema. El hecho es que la bancada de ECO, que tiene mayoría en el Concejo Deliberante de San Roque, lo ayudó a zafar del juicio po­lítico y así evitó su suspen­sión. El Vice, que tiene la re­lación cortada con el inten­dente Raúl Hadad, seguirá en el cargo, pero tiene cita en el Juzgado donde está radicada la denuncia.

El caso de Altamirano, que se ventiló a la prensa na­cional como el funcionario “ñoqui” fue sometida a con­sideración en el deliberación sanroqueño el viernes a pe­dido de la concejal peronista Adriana Carmagnola, quien fuera también la denuncian­te en estrados judiciales, me­ses atrás. Según la edil, Alta­mirano cobró hasta el 2018 unos 25 mil pesos mensuales en concepto de “asesor” en el Senado de la Nación Argen­tina, y otro importe de simi­lar relevancia en la entidad encargada del suministro de agua potable (Avesa) de esa localidad.

El concejal radical Edgar­do Wetsel, de ECO fue quien mocionó en la sesión del viernes a la noche para que directamente sea rechazado el pedido de juicio y suspen­sión, sin siquiera permitir que el Concejo abra su pro­pia investigación para deter­minar si Altamirano debe ser separado o no de su cargo, ante la gravedad del delito del que se lo acusa.

El macrista Altamirano es investigado por la Justicia de Instrucción de Goya por el delito de fraude a la adminis­tración pública y deberá de­clarar el 19 de junio próximo como imputado ante el juez de Instrucción Darío Ortíz, quien lo citó luego de la de­nuncia de la concejal pero­nista Adriana Carmagnola.

El juez Ortíz investiga a Al­tamirano por haber cobrado hasta diciembre de 2018 un sueldo cercano a 20 mil pe­sos como viceintendente lo­cal y otro, al mismo tiempo, de 25 mil pesos como em­pleado del Senado nacional en el despacho del senador macrista, Pedro Braillard Poccard.

Considerado como “el viceintendente ñoqui”, Al­tamirano milita en ECO con Braillard Poccard y está en­frentado desde 2017 al inten­dente del PJ, el peronista Raúl Rulo Hadad. En la sesión los cuatro concejales de ECO re­chazaron el pedido de juicio político presentado por Car­magnola y, de esa manera, el funcionario investigado por corrupción se manten­drá en el cargo de presidente del Concejo, manejando los recursos públicos, pese a la gravedad del supuesto delito cometido.

Los cuatro que decidieron no investigarlo son: Edgardo Wetsel, Lorena Caballero, Lidia Montenegro y Ánge­la Nina Zanón, todos de la alianza ECO entre la UCR, el PL y el PA. “Solicitamos que sea rechazado el pedido”, dijo el radical Wetsel al mo­cionar en defensa del inves­tigado Altamirano.

En tanto la peronista Car­magnola denunció pública­mente que “ECO encubrió de esta manera al denunciado Altamirano, cuando se debía abrir un juicio político para demostrar un manejo trans­parente porque la Justicia lo investiga por corrupción”.

“Es una barbaridad porque ahora Altamirano seguirá manejando los fondos del Concejo al menos por un año más y se trata de un vicein­tendente que ya tiene varias denuncias por sus manejos en la función pública”, afir­mó Carmagnola.

Ahora, aguardan una deci­sión de la Justicia que avanza en la investigación y si deter­minar si lo procesa.

Cita en el Juzgado 

La denuncia penal fue presentada hace casi un mes por la concejal Adriana Carmagnola en “autos caratu­lados ºAltamirano José Roberto p/ sup. Fraude a la Ad­ministración Pública Art. 174 inc. 5 San Roqueº”, en el expediente PXG 31996/19, en el juzgado de Ortíz. Y José Altamirano, fue citado a compadecer ante el Juzgado de Instrucción de Goya el día 19 de junio. Mientras, que la denunciante lo hará un día antes.