“Como STJ estamos facultados para reinterpretar el Código”

“Somos jueces, no dicta­mos la ley. El Superior Tri­bunal de Justicia (STJ) tiene una facultad de interpre­tación a través de acuerdo o por vía jurisprudencial, tanto en lo que es doctrina como jurisprudencia”. Así, el doctor Guillermo Hora­cio Semhan -ministro y ex­presidente (2013-2018) del máximo órgano del Poder Judicial de Corrientes- ex­plicaba, sentado en su des­pacho y bebiendo una taza de té, cómo el STJ puede disponer la oralidad en los procesos no penales pese a que los códigos procesales vigentes en la provincia di­gan que deben ser escritos.

En entrevista con NOR­TE de Corrientes, Semhan se refirió al protocolo que -confía- será aprobado en la próxima acordada del STJ. También del “ingenio” para suplir el desfasaje le­gislativo: “Como nosotros no tenemos códigos pro­cesales orales, tenemos que aplicar un ingenio para mantener la oralidad y con el mismo código busca­mos métodos alternativos. Cómo podemos dar res­puesta a las partes, legiti­mar la función del abogado y legitimarnos a nosotros como jueces con estas mis­mas normas. Dentro de este proceso, lo que encon­tramos con la apoyatura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es un programa de políticas públicas del Esta­do Nacional que apoya a las provincias: ya hay 15 pro­vincias con esta experien­cia, Corrientes es la 16”.

“Nosotros como STJ -continuó-, estamos facul­tados por acordada para reinterpretar el Código Pro­cesal. Vamos a hacer una reinterpretación y decimos que a partir de ahora las reglas de los códigos proce­sales civiles y comerciales, laborales y contenciosos administrativos, una vez a través de la traba de la Litis, son estas las reglas. Esto está en la ley que fa­culta al STJ, ¿para qué?, para agilizar”.

“Nosotros estamos dando una respuesta con lo que tenemos. Qué tenemos hoy, tenemos 31 jueces de primera instan­cia que nos van a dar esta respuesta y apoyan este sistema. ¿Por qué? Porque nos tenemos que legitimar ante la sociedad. Siem­pre vamos a tener límites presupuestarios, debemos prestar el mejor servicio de Justicia con las leyes y con el recuerdo humano que tenemos”, dijo Semhan. En ese afán y como amparo, el STJ ha incursionado en es­tos “métodos alternativos” para estar en sintonía con el ministro de la Nación, Germán Garavano: el año pasado la flagrancia, ahora la oralidad. “La flagrancia la aprobamos por acuerdo sin ley, sin ley dijimos bue­no hagamos por lo menos esto sin ley y es una res­puesta en tiempo razona­ble para estos delitos”, dijo.

En principio convivirían los dos sistemas (escrito y oral), y hasta podrían suce­der hibridajes en instancias recursivas. “Pero -se espe­ranza Semhan- en el futuro iremos mejorando, necesi­taremos códigos procesales y estructura edilicia acorde a los tiempos: usted va a ir a un juzgado y no verá despa­chos, verá salas de audien­cia”. s

“LOS PROCESOS QUE SE DILATAN CAUSAN AL SISTEMA Y A LA ECONOMÍA DE LA PRO­VINCIA UN GRAN IMPACTO NEGATIVO EN EL PRESUPUESTO”, DIJO SEMHAN. JUSTO POR ESTOS DÍAS LLEGA A SU FIN, TRAS UNA DÉCADA, LA CAUSA PUBLICIDAD.

En principio convivirán los dos sistemas (escrito y oral) y habría hibridajes en las apelaciones, que seguirán siendo escritas.

El Superior Tribu­nal de Justicia (STJ) ha sido muy criticado el año pasado al poner en vigencia las reglas de procedimiento para casos de delitos de flagrancia. El ar­gumento central de los detractores es que lo que la Corte pro­vincial ha hecho fue atribuirse funciones del Poder Legislativo. “Me parece que lo que ha hecho el STJ es una modificación del Código Procesal Penal de la Provincia, que ya tiene legis­lado un sistema de enjuiciamiento penal específico para los delitos (en flagran­cia o no) y violar la Constitución nacional y provincial”, había dicho el doctor Jorge Buompadre, quien tildó de “aventura” la normativa aprobada por acordada.

No obstante, la mo­dalidad casi lleva un año y ha sido califica­da como “muy positi­va” por el STJ pese la magra cantidad (74) de casos en los que apli­caron el Reglamento en toda la provincia.

“Sin ley”

Guillermo

Semhan

“La flagrancia (reglamento de procedimientos) apro­bamos por acuerdo sin ley. Sin ley dijimos, hagamos por lo menos esto, por lo menos sin ley y es una respuesta en tiempo razonable para los delitos de flagrancia. Algunos jueces lo hacen, otros no, el tema es que necesitamos leyes que nos obliguen a modificar esta estructura mental y cultural”, dijo Semhan sobre el protocolo, vigente desde el 1 de mayo de 2018.

MINISTRO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.

Desde el 1 de junio se va a aplicar en toda la provincia en los procesos de conocimiento con competencia patri­monial, civil y comercial, laboral y contencioso adminis­trativo. Se inicia la demanda por escrito, se contesta por escrito y una vez trabada la Litis, el juez como director del proceso recupera la función esencial y dice éstas son las reglas, éstos son los hechos, ésta es la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes y esto lo que el actor debe probar, lo que el demandado debe probar. Acuerda con las partes, en presencia de los abogados, qué tiene que producir, ésta tiene un plazo perentorio bajo aperci­bimiento de perención de instancia o de caducidad. Si se prueban los hechos y se clausura el término de prueba se hacen los alegatos en forma oral y se fija un sentencia en un plazo que fija el proceso. La idea es acortar a menos de un año el proceso; hoy se demoran entre cinco y ocho.

Fiscales, sueldos y el gesto político

“Nuestro Poder Judicial en todo el país es el más criticado en causas penales porque el sistema es escri­to, porque es lento, tedioso, formal la instrucción y todo el proceso de acumulación de la prueba y eso debería ser no formal, ser un legajo, sin expediente”, reconoció el ministro del STJ, Guiller­mo H. Semhan. El juez re­lacionó esta situación a la colisión (o contradicción) entre la Ley de Ministerio Público y el Código Proce­sal Penal de la provincia: “la ley de Ministerio Público es muy moderna, a pesar de ser del año 2000, ahí ya dice que el fiscal investiga, dirige la policía, es el órgano acusador pero choca con el código procesal penal que es un código de 1971 que dice que el juez investiga”.

Como con la flagrancia y la oralidad, la solución al conflicto fue un pronun­ciamiento vía acordada: “a través de la doctrina del STJ a través de acordada y fallo jurisprudenciales dijimos la investigación está a cargo del fiscal y el juez de ins­trucción de hoy es un juez de garantías pero el tema es que no salimos del siste­ma escrito y es ahí donde se produce la dilación del pro­ceso”.

Semhan apuntó al rol del fiscal: “acá tenemos un fis­cal que investiga, otro para el juicio oral y otro para Casación: tres fiscales. El sistema acusatorio puro, de la oralidad, es el mismo fis­cal. Ahora van (a los juicios) pero como coadyuvantes: estoy pagando dos sueldos que me puedo ahorrar con el sistema nuevo porque van cobrar como fiscal de primera instancia y éstos (los fiscales de cámara) es­tán cobrando como jueces, el fiscal de cámara dice no estoy de acuerdo, no acuso, absolución y todo el trabajo quién hizo, primera instan­cia, la instrucción y el fiscal de primera instancia. Y eso genera descrédito en el sis­tema”. También a la efectiva división tripartita del mi­nisterio: “ya está dividido pero es una sola cabeza: hay dividirlo, la constitución ya lo dijo y como STJ dijimos hay que dividir. El que acusa y el que defiende responden a la misma cabeza, hay una contradicción pero necesi­tamos leyes”.

Empero la solución a los parches es un gesto político: “en la apertura de la sesiones ordinarias del doctor (Ricar­do Horacio) Colombi el año pasado dijo que este año iba a salir; hoy es senador así que sería bueno que traba­jara y aprobara un Código Procesal Penal que es un ins­trumento, no para los jueces, sino a la sociedad”. s