Excarcelaron al juez acusado de cobrar sobornos para liberar narcotraficantes

La Cámara Federal porte­ña otorgó ayer la excarcela­ción a Carlos Soto Dávila, el ex juez federal de Co­rrientes acusado de cobrar sobornos para favorecer a narcotraficantes, tras con­siderar que su libertad no pone en riesgo la causa ju­dicial.

La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal de Apelaciones que dispuso además que el magistrado que llevó adelante la inves­tigación, Sergio Torres, fije el monto de la caución real que se le impondrá a Soto Dávila. “No se verifica la concurrencia de indicado­res de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta sea la única alter­nativa viable a los fines de garantizar el éxito de esta investigación”, sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi al conceder la excarcelación al ex juez de Corrientes.

Pero en el fallo se impu­so además una condición similar a la establecida a Pablo Molina y Federico Grau, ex secretarios de Soto Dávila, quienes también es­tán procesados en la causa y fueron beneficiados con la excarcelación.

Desde el momento que recupere la libertad, Soto Dávila está en “la obligación de presentarse periódica­mente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades corres­pondientes”.

El fallo salió con los votos de la mayoría del tribunal dado que el ter­cer camarista, Mariano Llorens, votó por confir­mar la resolución apela­da por entender que no se habían modificado las circunstancias.

Tras esto, el magistra­do porteño Sergio Torres estableció que para obte­ner la libertad ambulatoria, el ex funcionario judicial debía abonar la suma de $500.000 en concepto de garantía procesal, lo que se habría cumplido en las últi­mas horas.

Soto Dávila fue procesado con prisión preventiva pero la cumplió en su domicilio por cuestiones de salud, informaron fuentes judicia­les.

El procesamiento fue dis­puesto por el juez Torres y confirmado por la Cámara Federal, a través de una re­solución en la que también le atribuyó al magistrado el delito de cohecho pasivo agravado en ocho hechos, en concurso ideal con el de prevaricato, ambos en ca­rácter de autor, y le impuso un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.

COIMAS Y VENTA DE AUTOS

El ex juez federal de Co­rrientes Carlos Soto Dávila había sido procesado como jefe de una asociación ilí­cita que cobraba coimas a narcotraficantes para be­neficiarlos con su libertad u otras resoluciones judi­ciales. Por estas maniobras también fueron procesados dos secretarios de su juzga­do, cinco abogados y un ex intendente.

Están acusados de parti­cipar de la cadena de pagos que llegaba hasta el magis­trado que ocupó el cargo de juez federal multifuero y electoral, desde 1996.

Los procesamientos con prisión preventiva fueron dictados por el juez federal Sergio Torres, quien sostu­vo que “el grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coor­dinado su accionar para que en las causas o asuntos so­metidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas re­soluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las perso­nas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de bene­ficio o promesa indebida de su parte”, según consta en la resolución que tiene más de 400 páginas.

Junto con Soto Dávila fue­ron procesados los secreta­rios del juzgado de Corrien­tes Pablo Molina y Federico Grau. El primero de ellos además está acusado de haber vendido al menos 30 automóviles que estaban en el juzgado y que habían sido incautados en el contexto de causas por narcotráfico.

También están involucra­dos en el cobro de coimas los abogados Duylio Barbo­za Galeano, Gregorio Gimé­nez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Omar Serial, y el ex intendente en los 90 de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone.

Además fueron detenidos dos efectivos de la Gendar­mería Nacional. Se trata de la hija de Faraone, Agusti­na, quien es numeraria de la Gendarmería Nacional, al igual que su ex pareja, Josecvlo Borjas, quien tam­bién es gendarme. Este úl­timo habría sido custodio de Soto Dávila y pudo haber sido nexo entre el funciona­rio judicial y los sospecho­sos de narcotráfico.

Respecto a los tres fun­cionarios judiciales invo­lucrados en esta causa, la 9.886/2018, tramitada en el juzgado a cargo del ma­gistrado porteño Sergio Torres del Juzgado Federal en lo Criminal y Correc­cional 12, habían sido cas­tigados con el embargo de sus bienes. Así, Carlos Soto Dávila fue embargado por $20.000.000; Pablo Molina, por $15.000.000; Federico Grau por $13.000.000. Aho­ra Soto Dávila además de­berá abonar $500.000 para ser liberado y podrá esperar el juicio por esta causa en esa condición.s

Carlos Soto Dávila y sus secretarios siguen procesados y tienen sus bienes inmovilizados.

Los involucrados en la causa tienen autorización para desplazarse por todo el país.

CARLOS SOTO DÁVILA, CON SUS SECRETARIOS PABLO MOLINA Y FEDERICO GRAU ESTÁN PROCESADOS.

Argumentos defensivos

El abogado Gonzalo Díaz Cantón, quien representa a Carlos Soto Dávila, sostuvo que pesó en la resolución de la Cámara de Apelaciones que “fue el mismo Soto Dávi­la quien renunció y se puso a disposición de la Justicia”. Desde su punto de vista esto fue valorado para conside­rar que el ex juez no eludirá la Justicia, pese a que aún tiene vínculos muy cercanos con funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad y del Gobierno.