Ordenan indemnizar a obreros explotados por empresarios libreños
La Camara De Casación Penal resolvió que se repare económicamente el daño causado a trabajadores sometidos a hambrunas en junio de 2013.
La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación ordenó que se haga efectiva una reparación económica a trabajadores rurales que habían sido víctimas del delito de trata de personas por parte de una empresa forestal que operaba en el Sur de la provincia y cuyos responsables fueron condenados a cumplir penas de entre seis y cuatro años de prisión.
El fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, hizo lugar por unanimidad a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y ordenó la reparación económica para seis víctimas de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
Esto fue luego de que, en mayo de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes había condenado a Ángel Alessio e Iván Giménez a la pena de seis y cuatro años de prisión, respectivamente, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, lo que significó la primera condena por ese crimen en la provincia.
Pero en ese fallo los magistrados que intervinieron en el juicio -Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas- rechazaron el pedido formulado por el fiscal Carlos Adolfo Schaefer para la reparación económica de las víctimas porque no se habían constituido como actores civiles en el proceso penal.
Como consecuencia, Schaefer -a cargo de la Fiscalía General que intervino en el juicio-, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena, interpuso recurso de casación, por considerar “arbitraria” la resolución del tribunal. En esta presentación, los representantes del MPF sostuvieron que la decisión desconoció tanto la normativa nacional como los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el ámbito internacional, especialmente, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y la responsabilidad de brindar a las víctimas de trata y explotación de personas las herramientas necesarias para permitir la obtención de una indemnización y restitución.
Destacaron que la evidente asimetría en casos como el presente impedía cualquier posibilidad real de que los damnificados asumieran un rol activo para obtener una reparación y, frente a este escenario, incumbía al Estado otorgar una respuesta acorde a los derechos reconocidos constitucionalmente. Sobre esa base, resaltaron que los integrantes del MPF estaban compelidos a arbitrar los medios y recursos que permitan un real acceso a la jurisdicción y faciliten las posibilidades de la víctima de recibir la reparación.
En ese sentido, Casación entendió que la acción impulsada por el Ministerio Público Fiscal “dirigida a obtener una reparación de las víctimas por el daño sufrido sin requerir mayores exigencias legales y procesales a las mismas en razón de su vulnerabilidad, se encuentra en un todo conforme con la normativa internacional invocada”.
El fallo consideró que la “reparación y asistencia excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y al Estado, que se ha comprometido en tal sentido”.s
Escape y denuncia
En junio de 2013, uno de los obreros explotados había salido del pinar ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres y denunció en la Gendarmería los padecimientos que sufrían en el predio forestal, donde estaban alojados en una casilla de dos metros, sin luz, agua ni sanitarios. Tras esto fueron rescatados y en mayo de 2018 sus empleadores fueron condenados a prisión por el delito de trata laboral.