CAUSA PUBLICIDAD: “La presunción de inocencia de Colombi no ha sido destruida”

La doctora Patricia Bar­bis -única mujer del elenco defensivo- abrió ayer a la mañana la jornada de fun­damentación del juicio por la Causa Publicidad. Reba­tiendo lo expuesto el día anterior por la fiscalía, ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) sostuvo la inocen­cia de su pupilo judicial: el ex gobernador Arturo Ale­jandro Colombi (2005/09), para quien habían requerido 5 años de cárcel y inhabili­tación perpetua para ejercer cargos públicos. Después alegaron los doctores Luis Miranda Gallino -defensor de Iván Florida- y Nicolás Báez -defensor de Carlos Fagúndez, Carlos Lezcano y Héctor Herrero-, quienes solicitaron la absolución por inexistencia de delito. A la tarde concluyeron los ale­gatos (ver recuadros).

“Fue una gestión trans­parente: si el ingeniero Colombi hubiera querido quebrantar la ley en la re­forma de 2007 no hubiera dado rango constitucional a los organismos de control interno y externo”, empezó la defensora oficial aludien­do a la Contaduría General de la Provincia y el Hono­rable Tribunal de Cuentas (HTC). Su argumentación se centró en demostrar que el delito enrostrado (fraude a la administración pública y peculado) no ha sido proba­do. “La acusación ni siquie­ra pasa el primer cedazo”, afirmó, luego agregó: “No se cumplió con el mínimo sostenimiento de la pieza acusatoria, no se han pro­bado los hechos menos aún la autoría, al no estar probado el hecho no po­demos pasar a la siguiente instancia, la presunción de inocencia no fue des­truida”.

En su fundamentación, Barbis hizo propias tramos de la declaración de Co­lombi ante el TOP1 durante la 40ª audiencia (martes 16 de abril), exceptuando las de tenor “político”, resaltó la decisión de centralizar el presupuesto destinado a pu­blicidad oficial en la Direc­ción de Información Pública (DIP).

Valiéndose de las testimo­niales del actual titular de la DIP, Julio Burna; del ex fiscal de Estado, Fernando Carba­jal y del periodista, Martín Varela, para aseverar que no hay ley específica que regule la pauta, que esta no puede ser licitada porque lesiona­ría la libertad de expresión, y que la costumbre admi­nistrativa para su distribu­ción ha sido y sigue siendo la misma. Otros declarantes (como vocal del HTC, Juan Carlos Vallejos) sirvieron de base para que la defensora esgrimiera: “Se cumplieron con todos los pasos esta­blecidos legalmente sino hubiera sido advertido por la objetividad del (software) Sistema Unificado de Infor­mación Financiera”.

Calificó al perito oficial, Mario González, y su pes­quisa de “temeraria, en el sentido procesal de saber que no se tiene la razón y aun así hacerlo con el in­grediente de producir un daño”. Y recordó que en otras dos causas Colombi ha sido sobreseído en instruc­ción y absuelto en juicio.

EL MISMO CRITERIO

A Florida (abogado que trabajaba en la Departa­mento de Asesoría Legal) la fiscalía había solicitado una condena de 1 año y 6 meses e inhabilitación por 3 años imputándole el de­lito de incumplimiento de los deberes. “Él nunca fue funcionario fue un em­pleado público, contratado mediante decreto”, alegó su defensor. “Los fiscales no pudieron acreditar el per­juicio económico porque no se gastó más de lo previsto en el presupuesto, y nunca pidieron la invalidación de los expedientes y hasta no ser declarados nulos gozan del principio de legalidad”, afirmó y apuntó contra la testigo Teresita Ramírez, superior en la repartición en que se desempeñaba Florida: “Tenía responsabi­lidad, no lo podía descono­cer, todos los expedientes están refrendados por ella pero fue sobreseída en la instrucción por inexistencia del delito”. Miranda Gallino cerró solicitando al TOP1 la absolución de su cliente y al resto de los imputados por “el mismo criterio usado con Ramírez”. s

Réplicas

El fragor retórico al­canzó la verborrea en los minutos finales. Gustavo Roubineau, fiscal requeriente, pro­pugnó su investigación e investidura, alcanzada por reproches de haber perdido la objetividad y estar “manijeado” por el fiscal general César So­telo. “Hay la costumbre de que gente poderosa no puede ser tocada pero aquí la plana ma­yor de un gobierno vino a rendir cuentas”, exaltó y expreso: “Al asumir como fiscal mi única consigna era terminar con la familia judicial”.

“Usted ha inaugurado en Corrientes el dere­cho penal del amigo: no es bueno que un gobier­no sea traído a juicio”, replicó el defensor Ar­mando Aquino Britos y enumeró las “vejacio­nes” padecidas en la instrucción. s

“Delegación jerárquica”

La defensora Barbis buscó refutar el planteo de “in­constitucionalidad” endilgada por la fiscalía del decre­to 1548/08 por el cual el otrora mandatario delegaba la aprobación del pago de pauta oficial a la Secretaría General de la Gobernación: “Se trató de una delegación jerárquica respecto a la contratación de publicidad, no de una transferencia o la suma del poder público”.

Últimos

A la tarde alegaron:

-Mauricio Bechara (defensor de Raúl Lér­tora, ex subsecretario General de la Goberna­ción): “Por su funcio­nalidad -dijo- Lértora no tuvo custodia ni administración de la pauta”. Subrayó que en el alegato de la fiscalía solo se lo mencionó dos veces y “en ninguna se establece conexión im­putativa”.

-Jorge Barboza (de­fensor de José Luis Zampa, ex director de Información Pública): “Mi defendido solo pro­ponía por los canales administrativos, no de­finía qué ni cuándo pa­gar pauta”. “Se los pre­senta como una banda que se configuró para desfalcar al Estado pero no probaron que haya habido perjuicio econó­mico, daño ni ánimo de lucro”. s

Cartel con la cara del gobernante

“La gigantografía daba cuenta de la ges­tión: no indicaba el partido ni el número de lista”. El defensor oficial Nicolás Báez argumentó así en favor del ex secretario de la Gobernación, Carlos Fagúndez, que junto a Colombi y Zampa, fue acusado por la fiscalía de usar dinero público para ha­cer campaña proselitista.

“El contador (Héctor) Herrero no es la persona que tiene el control formal: es la Contaduría General, que cuenta con téc­nicos idóneos”, afirmó sobre su otro de­fendido (titular del organismo desde 2002 hasta la fecha). Respecto a Carlos Lezcano, su tercer patrocinado, dio por acreditada su desvinculación de Medios del Iberá casi un año antes de asumir -en junio de 2006- en Información Pública. s