Denunciaron que hay cuatro concejales “en negro” en Mburucuyá
Piden que la intendencia responda sobre el marco legal de contratación, la falta de pago de los aportes y la obra social de los empleados.
La Justicia provincial ordenó al intendente de Mburucuyá, Pablo Guastavino, informar las razones por las que mantiene en una relación laboral informal (“en negro”) a los cuatro concejales opositores de la Legislatura comunal. El dato fue confirmado por Gustavo Aromí, concejal (PJ- Frente Amplio Mburucuyá), quien aseguró, a NORTE de Corrientes: “Desde hace dos y cuatro años en Mburucuyá existen irregularidades en el marco laboral de cuatro ediles, lo que desató una nueva investigación judicial. Los cuatro funcionarios opositores de Mburucuyá son tres justicialistas y uno del partido Renovador, y están en negro, sin obra social ni aportes jubilatorios, desde que asumieron en 2015 y 2017, por decisión del intendente”. Se trata de una medida cautelar iniciada por los concejales Aromí, Marcelo Romero, Mario Soto y Franco Cáceres.
En este contexto, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo notificó la acción de amparo interpuesta, citando a comparecer a juicio a la Municipalidad y requiriendo el informe un plazo de ocho días, según consta en la copia del documento legal.
Respecto a ello, Aromí anexó: “Bajo apercibimiento, la jueza María Gabriela Romero Feris le dio un plazo de 8 días a Guastavino para que le informe las razones por las que se niega a blanquear a los concejales, con los aportes a la obra social Ioscor y la caja de jubilaciones al IPS. Se trataría de una discriminación política que desencadena una investigación judicial por las irregularidades de funcionario público que ello implica. El intendente Guastavino se niega a regularizarnos cometiendo una grave irregularidad de funcionario público. La Municipalidad tiene la obligación de declarar ante la Afip el alta de todo su personal, pero no hay ninguna cuenta en orden en Mburucuyá”.
ACUSAN PRECARIZACIÓN
Este no es el primer reclamo para regularizar al plantel municipal de la Comuna, ya que en 2018 un grupo de trabajadores denunció las extremas condiciones de pobreza en la que se habría visto obligado a trabajar. “En esa oportunidad, el intendente fue acusado de pagar la irrisoria suma de 110 pesos por día trabajado a los changarines, que también es personal en negro, sin ningún tipo de cobertura médica. Además, lo denunciaron porque se negaba a pagar el día no trabajado, por lo que los feriados, sábados y domingos los humildes obreros no tenían para comer”, remarcó el edil del PJ.
Los concejales explicaron -además- que en 2018 la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Corrientes ya había actuado, obligando al intendente a presentar balances de cuentas de años anteriores y la planilla de trabajadores de la Comuna.
“Ahora la Justicia vuelve a poner la lupa sobre la gestión municipal de Mburucuyá, para que regularice los aportes de los concejales, transparente las cuentas municipales, además de otras deudas que se investigan”, remarcó el concejal.s
Un millón para becas
En torno al enfrentamiento por las cuentas municipales entre el Ejecutivo de Mburucuyá y el Deliberante local, desde el Concejo reclamaron a la Intendencia información sobre una partida millonaria para el pago de becas municipales, pues aseguran desconocer el listado de sus beneficiarios y el mecanismo para acceder a la ayuda económica, ni sus características. Afirmaron que el presupuesto anual para las becas es de $980.000.