Piden la indagatoria de un exjuez y un exsecretario judicial por escuchas ilegales

El Ministerio Público Fis­cal de Corrientes solicitó al juez federal Juan Carlos Vallejos que cite a indagato­ria al exmagistrado federal Carlos Vicente Soto Dávila y a su exsecretario penal Pablo Molina en el contexto de una causa en la que fue­ron acusados por los posi­bles delitos de “falsificación ideológica, estafa procesal y amenazas de muerte”.

Los exfuncionarios afron­tan estos cargos a raíz de maniobras por las que, se sospecha, ordenaban a rea­lizar escuchas telefónicas en forma ilegal, cuyos audios estaban grabados aproxi­madamente en 5.000 dis­cos compactos que fueron incautados del despacho de Soto Dávila.

Justamente de estos au­dios se desprende que Mo­lina habría amenazado de muerte a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Según fuentes vinculadas a la investigación, “de los audios se desprenden cues­tiones muy delicadas, entre las cuales está el hecho de que el secretario Molina amenazó atentar contra la vida de una persona con tér­minos irreproducibles”. La acusación también alcanza al exjuez federal Carlos Soto Dávila, a quien se lo acusa de haber autorizado, con su firma, la intervención de teléfonos pertenecien­tes a personas que no eran investigadas. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los funcio­narios elaboraban oficios judiciales en los que or­denaban “pinchar” líneas telefónicas e incorporaban esas órdenes en causas judi­ciales activas. Sin embargo, en el mismo escrito incluían los números telefónicos de personas que carecían de relación con los delitos in­vestigados. De esta manera se habrían obtenido graba­ciones de las conversaciones que mantenían las personas en cuyas actividades los funcionarios tenían un inte­rés personal.

Ante esta situación se ini­ció una causa judicial en la que están imputados Molina y Soto Dávila, ya que rubri­caron esos escritos.

DERIVACIÓN DEL SAPUCAY

Los audios en cuestión fueron descubiertos a partir de una investigación de la Procuración de la Narcocri­minalidad (Procunar) que derivó en el Operativo Sapu­cay, en el que fueron impu­tadas por narcotráfico las autoridades políticas de Itatí y funcionarios de fuerzas de seguridad por integrar, su­puestamente, tres organiza­ciones criminales.

Tras estas detenciones se investigó la conexidad de las causas de narcotráfico des­plegadas desde Itatí.

En ese contexto revisaron 35 legajos que estaban en el Juzgado Federal 1 de Co­rrientes y descubrieron que el juez Carlos Soto Dávila había dispuesto la interven­ción de 292 líneas telefóni­cas y que las conversaciones grabadas nunca habían sido transcriptas para ser incor­poradas a los expedientes.

Tras esto se allanó la ofi­cina del juez, donde encon­traron 4.860 discos com­pactos con comunicaciones telefónicas. Los análisis de estas grabaciones permitie­ron descubrir -entre otros hechos- que los funciona­rios del Juzgado Federal 1 dialogaban con un grupo de abogados defensores y con Juan Manuel Faraone, un exintendente de la loca­lidad de Empedrado, para negociar dinero a cambio de asegurar la libertad de personas investigadas por actividades narcocriminales y que estarían ligadas a la organización que traficaba estupefacientes desde Itatí.

Las liberaciones -supues­tamente a cambio de di­nero- eran firmadas por el exmagistrado Carlos Soto Dávila y sus secretarios Fe­derico Grau y Pablo Molina