El final de una causa de alto impacto

Corrupción. Lo que este martes (en 48 horas) el Tri­bunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1) defina dejará estela: un go­bernador -Arturo Alejandro Colombi (2005-09)- y parte de su gabinete aguardan el pronunciamiento, pero tam­bién buena parte del arco político que mira como dis­traído lo que sucede. ¿Y la sociedad correntina? Es una incógnita, salvo este diario la causa no ha tenido espacio en otros medios. Sin embar­go, por primera vez habrá un fallo (del fuero ordinario penal) respecto al manejo de publicidad oficial, la que se paga con el dinero de todos los correntinos. Colombi po­dría llegar a recibir hasta 10 años de cárcel, si la argumen­tación de la fiscalía acaba por convencer a los jueces Ana del Carmen Figueroa, Ariel Azcona y Raúl Guerín, tras un año y medio de juicio (se había iniciado el 5 de diciem­bre de 2017).

Fue Gustavo Roubineau, fiscal que instruyó el caso y sostuvo la acusación en el juicio con Gustavo Schmitt (fiscal de Cámara), quien la semana pasada al cerrar sus alegatos citó la Convención Interamericana contra la Co­rrupción, “la cual -dijo- obli­ga al Estado a formalizar la contratación de forma tal que asegure la publicidad, equi­dad, eficiencia, transparen­cia, competencia de criterios objetivos. Todos estos princi­pios no se han verificado en estas contrataciones”.

La Causa Publicidad (PEX 21.444/8) se inició en 2008 e incluyó un freno judicial al pago de pauta en septiem­bre de 2009, a un mes de las elecciones donde los primos Colombi dirimían el poder. Arturo perdió y pasado ma­ñana podrá (si quiere) decir sus “últimas palabras” antes de una sentencia que defini­rá si seguirá como ciudadano libre y evaluará su gestión, la cual “fue transparente” había dicho al declarar.

El núcleo de la acusación es la “tercerización” a través de la Agencia Corrientes. “El sistema -dijo Roubineau- de contratación de la publicidad oficial, que hace a la esencia del Estado, quedó, al menos en parte, en manos de una empresa privada”, que -se­gún el acusador- además usó dinero público para la cam­paña reeleccionista. El des­falco -en sus cálculos- superó los $83 millones. Al alegar los defensores, éstos afirmaron que no hubo delito. Sólo la defensora oficial de Colombi planteó que no conmovió el principio de inocencia. Ve­redicto. Aún dicha la verdad, ésta es una historia que con­tinuará. s

Armando Aquino Brito -  DEFENSOR DE JOSÉ M. ROLDÁN.

“La praxis nos ha demostrado que el Mi­nisterio Público Fiscal durante todo este pro­ceso, ha hecho lo que Federico Morgenstern llama el ‘Derecho Penal del Amigo’, aquel donde jueces prestos dictan sobreseimiento exprés o directamente no inves­tigan. Los fiscales usan la misma modalidad: recortan los pedazos y transpolan, pero seg­mentado y parcial. Ni el principio de la buena fe fue respetado. Lo que han hecho fue acreditar la nulidad con la que vinieron a este juicio”.

Gustavo E. Schmitt  FISCAL DE CÁMARA.

“Si vemos los 12 mil dictámenes, de los 12 mil expedientes, de los que 1.036 fueron ana­lizados hoja por hoja por el perito oficial, se detalla que la normati­va vigente eran las se­ñaladas por éste. Toda la normativa es la que en cada uno de los ex­pedientes fueron dados como cumplimentados por parte del asesor le­gal que los controlaba, con la contrariedad o contradicción de que se ha cumplido esta nor­mativa, que ahora los defensores dicen que no estaba vigente”.

La contratación de pauta

“Acreditamos una relación entre funcionarios (Co­lombi, Fagúndez y Zampa) que se vincularon con Agen­cia Corrientes y le otorgaron facultades o decisiones que hacen a la contratación de la publicidad oficial : parte del trabajo de Información Pública se hacía en esa em­presa”, alegó el fiscal requirente Roubineau.