La Justicia ordenó rendir cuentas a las intendencias de Tatacuá y Mburucuyá

La Justicia puso la lupa sobre las cuentas de la In­tendencia de Tatacuá, según aseguró la concejal oposito­ra, Clarissa Anderson (PJ). La edil explicó a este diario que la jueza en lo Conten­cioso Administrativo Nº 2 de Corrientes, María Belén Güemes, ordenó al inten­dente de Tatacuá, Sergio Ramírez (ECO), a que remi­ta en un plazo de ocho días una respuesta a los pedidos de balances, realizados por el Concejo. “Ante sospechas del supuesto manejo irregu­lar de fondos por parte del intendente y funcionarios, la Justicia actuó favorable­mente ante el pedido de la concejal. Esto podría derivar en una investigación por de­litos de corrupción”, explicó a NORTE de Corrientes el referente César Anderson.

A la vez, también explicó que Clarissa Anderson pre­sentó notas en el Concejo Deliberante, pidiendo la in­formación contable del pri­mer y segundo trimestre de 2018 en la Comuna de Tata­cuá y también la nómina de trabajadores.

“Pero hasta el día de hoy, el jefe comunal se niega a responder, por lo que la con­cejal se vio obligada a actuar por las vías judiciales”, dijo el referente vecinal.

A la vez, la legisladora co­munal anexó que Ramírez es jefa comunal por el partido Proyecto Corrientes (parte de ECO- Cambiemos) y re­firió: “Necesitamos saber cómo se ejecuta el gasto en Tatacuá porque los fondos municipales son de todos los vecinos y te­nemos fuertes sospechas de que existen manejos irregulares. Si el intendente tiene todo en orden, debería remitir la rendición de cuen­tas al Concejo Deliberante. La Ley Orgánica Municipal y la Constitución de la Provin­cia de Corrientes obligan al intendente a tener esa infor­mación disponible para toda la comunidad y, es por eso, que se insistió por las vías administrativas, reiterando los pedidos y urgiendo su respuesta”.

Así las cosas, la orden de la jueza Güemes exigiría el informe al Municipio de Tatacuá, para ser presenta­do en el plazo de ocho días desde la notificación que el intendente habría recibido por cédula judicial el pasado 17 de mayo (viernes), según informaron desde el área opositora.

CONCEJO DE MBURUCUYÁ

En tanto, en Mburucuyá igualmente debió interve­nir la Justicia provincial, que ordenó al intendente de Mburucuyá, Pablo Guas­tavino (ECO), informar las razones por las que manten­dría en una relación laboral informal a cuatro concejales opositores. El dato fue con­firmado por Gustavo Aromí, concejal (PJ- Frente Amplio Mburucuyá), a NORTE de Corrientes. Así, corre el pla­zo de ocho días para que el intendente presente el infor­me, sobre lo que Guastavino dijo a este diario que “darse de alta en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (Ioscor) e IPS es un trámite personal que deben realizar los propios ediles” y que “los aportes se cobran de manera automá­tica”.

Se trata de los concejales Aromí, Ernesto Soto, Se­bastián Cáceres y Marcelo Romero. Al respecto, Aromí aclaró: “Fuimos notificados por el Ioscor que, al 4 de oc­tubre 2018, el Departamento Contable informó que, según las planillas y libros de suel­dos remitidos por la Muni­cipalidad de Mburucuyá, de los meses de junio y julio de 2018 no se encuentra la nó­mina de concejales o perso­nal del Concejo Deliberante de la localidad. Por lo tanto no se han deducido aportes de obra social de dicho per­sonal y se solicitó la infor­mación necesaria a efectos de regularizar los aportes correspondientes”. La nota está firmada por personal de la División de Aportes del Ioscor y el abogado defensor, Juan Cubilla Podestá. s

El intendente de Mburu­cuyá dijo que existe un sistema automático que retiene los aportes desde la coparticipación.